Apolo

Los hechos sangrientos en Apolo fueron lamentables y penosos en el sentido que se evidenció a un Estado débil de poca presencia y acción en las zonas conflictivas de cultivos de coca. Hay un dicho que se reiteraba a menudo y que siempre se recordará “Evo, de la coca al poder”, habría que añadir “y de la coca a la caída”. El problema está en que no se puede ser el máximo dirigente de los cultivadores de la hoja de coca y a la vez ser el conductor del Estado porque existe una relación antinómica, contradictoria.

Si bien es cierto que el MAS se sustenta por la fuerza movilizadora y corporativa de las bases campesinas cocaleras, pues también es cierto que el Estado como tal pierda fortaleza. No es posible que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) vayan desarmados al lugar del conflicto, teniendo la sospecha que detrás de la coca estaba operando el narcotráfico con armamento de alta tecnología, y por más que muchos fundamentalistas digan que “coca no es cocaína”, pues es necesario aclarar que existe poco trecho entre ambos. Era recomendable armar a las FTC.

Lo que se reprocha al Estado es la falta de previsión y planificación asimismo se pone en cuestionamiento a su sistema de Inteligencia, pero no sólo eso, sino también la falta de coordinación, si el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres advirtió que cocaleros de Apolo estaban armadas, resulta una desproporcionalidad que no se haya tomado en cuenta las declaraciones de Cáceres. Ante ese escenario la oposición afirma que se perdió mucho con la salida de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), ya que al parecer tenían mejores servicios de inteligencia cuesta creer que el Estado no prevenga este tipo de situación.

Hace poco se suscitó un enfrentamiento sangriento en el penal de Palmasola donde, según información de inteligencia, era devenir dicho enfrentamiento y las autoridades de Gobierno hicieron poco o nada al respecto. Quizás sea porque minimizan el problema o subestiman el devenir del conflicto, pero es hora de que el Estado tome las previsiones necesarias y mejore los servicios de inteligencia para evitar estos tipos de enfrentamientos.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que se trató de un emboscado con la participación de narcotraficantes extranjeros que supuestamente serían del Perú, no cabe la menor duda de que los hechos fueron así y que fue un duro golpe del narcotráfico con el Gobierno. Claro está que estos extranjeros contaron con la complicidad de los cocaleros y es que la barrilla del narcotráfico toca a todos por igual, puede sencillamente corromper a indígenas, campesinos, ricos, pobres etc.

El denominado proceso de cambio muestra una distorsión del sentido histórico mostrando un desfase donde algunos dirigentes cocaleros muestran debilidad frente al narcotráfico, en que se vuelven cómplices de un hecho totalmente ilícito. Las brechas entre la coca y la cocaína cada vez se borran y aprenden a convivir juntos. Lamentablemente Bolivia reúne todas las condiciones geográficas para que sea el puente más accesible del narcotráfico. El ministro Romero en reiteradas oportunidades afirmó que en el país no existe “carteles”, pero por las situaciones que se van presentando y el modus operando del narcotráfico parece ser que la nación también reúne las condiciones necesarias para que existan “carteles”.

Lamentablemente nuestras fronteras están muy desprotegidas, cada vez entran más colombianos, peruanos que no necesariamente vienen hacer turismo sino acciones delictivas, claros ejemplos: En El Alto, las acciones delictivas están asociados con peruanos, en Santa Cruz están asociados con colombianos. Ante esta arremetida de inseguridad ciudadana y nacional se necesita la presencia de un Estado fuerte que otorgue seguridad a la ciudadanía y al país. Asimismo necesita la colaboración de todos, pero principalmente de las autoridades gubernamentales. Sin duda debe ser de preocupación del partido de gobierno el caso Apolo que va deteriorando su imagen.

*Humber Velásquez Torrico es politólogo