Opinion

DESOBEDIENCIA A SENTENCIA CONSTITUCIONAL
Ojo al Charque
Constantino Rojas Burgos
Viernes, 26 Junio, 2015 - 12:24

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En Pampa San Miguel, Tiquirani, 83 familias propietarias de 50 hectáreas de tierras dotadas por la Universidad Mayor de San Simón y que tienen el derecho propietario consolidado, encuentran trabas en el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que se resiste a dar cumplimiento a resoluciones constitucionales que reconocen el derecho propietario y que además autoriza el desalojo de mil familias asentadas en la zona y que no disponen de títulos de propiedad.

Los comunarios de Pampa San Miguel, son hijos y nietos de pegujaleros que servían a los patrones antes de la Reforma Agraria y que a la fecha disponen de la propiedad de terrenos saneados y con título ejecutorial con Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, pero que pese a contar con una resolución suprema de saneamiento de títulos, los terrenos están siendo fraccionados, loteados, vendidos, existen construcciones, tendido de postes para electrificación, apertura de calles, todos ilegales.

Ex dirigentes de Pampa San Miguel, ahora convertidos en loteadores se dedican a fraccionar y vender lotes por un  monto que varía entre 8 mil a 20 mil dólares afectando a los verdaderos dueños de esas propiedades,  que por negligencia de las autoridades no pueden consolidar su derecho propietario, principalmente por la Dirección Departamental del INRA que se niega a dar cumplimiento a las instrucciones administrativas que disponen medidas precautorias de “prohibición de innovar y desalojo  en las áreas colectivas dotadas como propiedades comunales en Pampa San Miguel”.

Ante el incumplimiento de la ejecución de la sentencia constitucional, los comunarios de Pampa San Miguel a nivel regional denunciaron en su momento a la Prefectura (hoy Gobernación), la Alcaldía Municipal, el Concejo Municipal,  Comando Departamental de la Policía, Brigada Parlamentaria, Director de Transparencia y Anticorrupción,  Federación de Trabajadores Campesinos, finalmente, el mismo mandatario Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional, para que se acaten las Resoluciones de Saneamiento de Títulos Ejecutoriales a su favor, son haber logrado ninguna repercusión.

Según el Dr. William Zapata, abogado de los comunarios de Pampa San Miguel, la falta de reconocimiento de los Títulos Ejecutoriales Colectivos se debe a la “terquedad de la Dirección Departamental del INRA que se obstina en no dar cumplimiento a la resolución”. Zapata señala  que tal “parece que la Ley es simplemente para los escritorios. “El Ex Director Departamental del INRA y el actual no hacen nada, a pesar de las denuncias que se han hecho conocer a las instancias superiores y tampoco hacen caso a su cumplimiento”, asegura Zapata.

Según el abogado, los comunarios de San Miguel a través de la Sra. Elisa Laime Velasco,  en su calidad de dirigente ha presentado una acción constitucional en contra del Director Departamental del INRA, solicitando el cumplimiento del mismo y que fue atendido en la sala penal del Tribunal de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba y que fue remitida para su revisión en Sucre, habiendo recibido la sentencia constitucional que da la tutela a los comunarios de Pampa San Miguel y señala que las personas que se encuentran en sus predios deben desalojar las tierras y proceder a la demolición de las casa construidas arbitrariamente en la zona.

El Dr. Zapata señala que la falta de cumplimiento del saneamiento de titulación se arrastra desde el año 2007 cuando el Dr. Jaime Copa, Director Departamental del INRA en aquella época, se negó a reconocer el derecho propietario de los comunarios de Pampa San Miguel, similar situación ocurre con el actual director, Lic. Víctor Hugo Claure Hinojosa que no muestra ningún interés para aplicación las medidas precautorias en favor de los comunarios de Pampa San Miguel.