LA LEY DE IMPRENTA

La Ley de Imprenta es quizás la única ley en el país vigente desde 1925, es decir hace 88 años, instrumento que ha orientado y ha servido de soporte y de protección al periodismo boliviano. Su vigencia se debe a tres principios fundamentales que hacen y son la esencia y motor del oficio periodístico y aportan a consolidar a todo  sistema democrático:

a) Constitucionaliza la libertad de prensa, como derecho que tienen los periodistas para informar y ser los vehículos de la información y de ese otro derecho que tiene cualquier otro ciudadano, como la libertad de expresión.

b) Se instituye el secreto profesional, que de acuerdo a la Ley de Imprenta en su artículo 8, dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable y con ello, el derecho de las fuentes a mantener el anonimato. El secreto en materia de prensa es uno de los pilares para el periodismo, acá en Bolivia como en cualquier otro país.

c) Se crean los tribunales de imprenta, para el procesamiento de los periodistas. Porque el periodista cuando hace su trabajo se puede equivocar, manipular, tergiversar, mentir y afectar a la dignidad de la personas, y para ello se instituyeron los tribunales de imprenta, aunque en los últimos tiempos se han iniciado procesos judiciales por la justicia ordinaria a directores de medios de comunicación.

Sin duda, el debate debe abrirse y encarar un nuevo instrumento legal sobre la comunicación y la información, pero  bajo el paraguas de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado y del espíritu de la Ley de Imprenta. En mi paso por la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz intentamos generar los espacios del debate democrático para que los periodistas hayan sido protagonistas de los cambios en una nueva legislación de la prensa, pero ciertos grupos radicales representados en algunos comentaristas de radio y de televisión, nos tildaban de enemigo de la prensa, de estar al servicio del gobierno de turno y de atentar contra el periodismo boliviano. Pues bien, hoy el tiempo nos dio la razón, porque los cambios son impostergables y una nueva ley sobre el trabajo de los medios de comunicación es más imperiosa y necesaria, no solo por los errores que cometen a diario los periodistas, sino porque en este nuevo Estado plurinacional, que ya lleva más de 250 nuevas leyes, se impone nuevas miradas, nuevas visiones, nuevos paradigmas y sin duda el rol de la prensa es fundamental, porque más que nunca se necesita de una mejor información, de más calidad en la información, de fiscalización al poder,

Con todo y con las críticas que surgen cada vez hay un nuevo gobierno, urge plantearse un debate abierto, sincero y responsable sobre este instrumento jurídico de enorme importancia para la sociedad en su conjunto. Hay que actualizar la Ley de Imprenta bajo esos principios que regulan y norman al periodismo boliviano. Pero hacerlo con los directos protagonistas, y no entre cuatro paredes y que sólo sea potestad de los políticos de turno, que siempre buscarán acallar a la prensa o pretender tener cierto control. Los organismos de la prensa deben proponer y participar de todos los espacios que se deben, y no actuar como el avestruz.

En la mayoría de los gobiernos, en dictadura y en democracia, siempre se pretendió atentar contra el secreto en materia de imprenta, porque esto inquieta, molesta y no deja dormir tranquilos a los gobernantes. Definitivamente levantar el secreto en materia de imprenta afectará en gran medida al periodismo boliviano, y lo hará en diferentes niveles: no se podrá investigar o denunciar los actos de corrupción y a los corruptos, ya que casi siempre estos hechos, tienen como hilo conductor algunos datos proporcionados por una fuente anónima, que es alguien cercano o enemigo del denunciado. El poder político saldrá el más beneficiado de esta figura, como también los otros espacios de poder: justicia, militares, policías.  Que los periodistas tendrán que vivir o trabajar con miedo, ya que podrían ser objetos de juicio, seguimiento, encarcelamientos o asesinados. Esta es la fortaleza del secreto profesional en prensa.

Los medios nos interpelan, pero también nos incomunican. Qué paradoja, porque son medios de comunicación, y paradoja también nos hacen sentirnos presentes en este mundo, pisando tierra, comiendo polvo, desgraciándonos la vida todos los días, exigiéndonos que tu no eres una isla, no vives solito en Santa Cruz, en Cochabamba o en cualquier otra provincia o ciudad. No eres un yo o un superyó, que puedes prescindir del otro, del otro yo, tienes un mandato y una sentencia: vivir en comunidad, en sociedad, en común unión, no en contra ruta, ni aislado ni renegando de tu propio entorno, que son tus familiares, tus amistades, tus colegas de trabajo, de fiesta, de comparsa, o el ciudadano que se cruza en la calle contigo. Hoy más que nunca el accionar de los medios de comunicación se encuentra en el centro de la tormenta y las voces críticas frente al periodismo se hacen escuchar con más fuerza. Es que la prensa es ahora parte indisoluble de toda sociedad, de toda comunidad y de todo país, se ha institucionalizado en las estructuras administrativas y las decisiones que se toman, necesariamente pasan por los medios de comunicación. A lo largo de la historia moderna, la prensa y el periodismo ha adquirido una forma estable, una estructura y un conjunto de funciones y expectativas públicas relacionadas entre si.

En esta democracia nuestra de cada día no podemos prescindir de la acción de los medios de comunicación. Ciudadanía, información, poder, conflictos, sueños están íntimamente relacionados y se necesitan y complementan de forma permanente y continua. Al parecer es como una enfermedad del ciudadano, que el día que no se informa se siente perdido, confuso y “burro”. A la vez esto se convierte en un síntoma negativo para la tranquilidad de ese ciudadano, en una ansiedad que repercutirá en su salud. En su espíritu, en las ganas, en sus decisiones, en sus sueños.

Por todo ello, debe empezar el debate de que el Estado Plurinacional debe contar con una ley integral de medios de comunicación, pero sin atentar los derechos humanos de la libertad de expresión, de opinión, del derecho a la información, a la comunicación, basados en la ética, siempre en la ética y en la dignidad.