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El escándalo no es que Marcelo Soza, el ex fiscal que actuaba como paramilitar de los años 80, se haya fugado. No, el escándalo es que no haya sido aprehendido antes por la Policía, junto a su cómplice y abogado Moisés Ponce de León, para obligarlos a asistir a las audiencias judiciales a las que se negaban ir. El caso demuestra muchas cosas, entre otras la mañosa capacidad histriónica que tienen jueces y fiscales. Pero la actuación les salía mal. Hacían el teatro de que daban órdenes de aprehensión contra Soza y que no lo hallaban. Hasta colaban, con aspaviento, cedulones en la puerta de su vivienda y él, jugando al gato y al ratón, salía después a decir que se había trasladado de casa. El fiscal general Ramiro Guerrero es uno de los actores principales de esta tramoya.
Pero el director de esta obra teatral no es nadie que provenga del sistema judicial, es el propio gobierno. La huida de Soza era fundamental para los intereses del Ejecutivo porque un eventual juicio contra él hubiera demostrado que gran parte de la acusación del caso terrorismo no era más que una maquinación. O, por lo menos, eso se deduce de los audios en los que se escucha a Soza decir que muchas de las acusaciones de ese asunto fueron manipuladas, inventadas e impuestas por el gobierno, especialmente a través del ministro Juan Ramón Quintana. Que Soza haya señalado que “una computadora” imitó su voz demuestra que le gustan las películas de ciencia ficción pero no que es inocente. Guerrero, apropiadamente, jamás ordenó el peritaje necesario para confirmar la veracidad del audio.
Es verdad que un grupo de extranjeros, dirigidos por Eduardo Rózsa, llegó al país a realizar algún tipo de acción irregular. Los miembros de la banda se sacaron fotos armados y participaron de trabajos de entrenamiento militar.
Pero de ahí a que decenas de personas hayan participado en el supuesto “terrorismo” y que se hubiera intentando incluso terminar con la vida del Presidente, hay mucho trecho. Nunca se supo quiénes los trajeron al país (hay versiones que señalan que fue el propio oficialismo, para tenderles una trampa) y, más importante, no se aclararon las circunstancias de su muerte. Las autopsias realizadas en el exterior señalan que fueron ejecutados. A la misma conclusión llega un reportaje de la (bastante neutral) cadena de TV árabe Al Jazeera.
El asalto al Hotel Las Américas le rompió el espinazo a la oposición, que se centraban entonces en Santa Cruz. El “caso terrorismo” ayudó a que las autoridades, en coordinación con el Ministerio Público, amedrentaran a decenas de líderes provocando verdadero pánico y desbande entre la dirigencia cruceña. Como Rosza se había entrevistado con tantas personas, para asuntos legales y otros no tan santos, el gobierno, a través de Soza, inició una verdadera cacería de brujas. Y Soza organizó también una linda campaña de recolección de fondos. Se ha denunciado que acumuló una fortuna de cinco millones de dólares como producto de extorsiones que pagaban afectados con tal de no ser incluidos en las listas de acusados.
Soza, además, estaba en el centro de la red de extorsión cuyos miembros salían de las entrañas de los ministerios de Transparencia, Presidencia y Gobierno y que trabajaban en coordinación con jueces y fiscales. Su caso fue destapado por el embajador de Evo, Sean Penn, porque uno de los afectados era el norteamericano Jacob Ostreicher. La red empezó a operar para amedrentar a opositores. Como tuvo la venia del gobierno para realizar ese trabajo, luego se “independizó” y empezó a despojar también a acusados de otros casos, como Ostreicher. El ministro de Gobierno le puso coto al asunto. Afortunadamente muchos de ellos están presos.
Al haberse confirmado que Soza ha pedido refugio en Brasil, lo que las autoridades de ese país deberían hacer es expulsarlo, impidiéndole así que tome caipiriñas en las playas de Copacabana. No es un perseguido político (como es el caso de Roger Pinto). Según los audios conocidos, es un delincuente. / Raúl Peñaranda U. es periodista
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