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El 11 de diciembre de 2006 comenzó la guerra interna en México. En esa jornada, el Gobierno del expresidente Felipe Calderón, que había ascendido al poder diez días antes, ordenó que las FFAA y la Policía actúen en el estado de Michoacán para enfrentar a cárteles del narcotráfico, entre otros los denominado Familia Michoacana y Caballeros Templarios. Desde entonces unas 70.000 personas han perdido la vida en esta conflagración, 25.000 de ellos integrantes de alguna de los 20 cárteles del narcotráfico existentes en México y el resto de civiles inocentes o integrantes de entidades uniformadas.
Antes de 2006 las bandas de traficantes actuaban de manera relativamente libre porque el Estado mexicano, sabiamente, hacía la vista gorda. El momento en que Felipe Calderón decidió imponer la fuerza estatal es que se desataron todos los demonios, ingresando el país en una espiral de agobiante violencia. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, intentó recuperar a la estrategia anterior, de no confrontación directa, y logró reducir la cantidad de muertos desde que llegó al poder el 1 de diciembre de 2012.
Pero el secuestro y supuesto asesinato de 43 estudiantes normalistas en la localidad de Iguala, Guerrero, ha vuelto las cosas a una situación de crisis terminal. No es el primer caso de asesinatos masivos de los últimos años, evidentemente, pero la muerte de los estudiantes ha causado una reacción inesperadamente fuerte y organizada de la ciudadanía, que perdonó decenas de hechos anteriores pero que no dejará pasar a este. Lo que diferencia a Iguala de Tamaulipas (donde 72 migrantes fueron asesinados) y a tantos otros horrorosos casos es que en esta ocasión fueron un alcalde y su esposa quienes coordinaron la detención de los afectados con los integrantes del cartel Guerreros Unidos y que en la operación participaron policías municipales y sus “pares” de la banda delincuencial.
Y digo que fueron “supuestamente” asesinados porque los peritos argentinos que trabajan en México para ayudar a aclarar el asunto no han podido confirmar que los restos hallados en cercanías de Iguala correspondan a ninguno de los desaparecidos. Las pruebas de ADN, como se sabe, no logran resultados cuando un cuerpo ha sido reducido a cenizas. Por otro lado, el caso de los normalistas hizo que se descubriera varias fosas comunes en la zona donde fueron secuestrados. Pero ninguno de los cadáveres corresponde a los estudiantes. ¡Así que en Iguala había varias fosas comunes de muertos anónimos, asesinados por los narcotraficantes!
El narcotráfico genera ganancias hipermillonarias. Es el mayor negocio del mundo. Mueve 870 mil millones de dólares cada año. Con altos márgenes de utilidad puede comprar presidentes y magistrados y, con mayor razón, alcaldes de pequeñas localidades mexicanas, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda.
Cuando la Policía y las FFAA se enfrentan a esas bandas siempre resultan derrotadas. Siempre. En Europa y EEUU, porque no logran evitar el ingreso de las drogas en sus territorios. En América Latina, África y Asia, porque no pueden evitar la producción o tráfico. La única salida a esta situación es, por tanto, la despenalización de las drogas. El debate en la región al respecto está más vivo que nunca, con una cantidad creciente de voces que piden que las políticas sobre el tema se conduzcan en ese sentido, como la del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. El presidente uruguayo José Mujica dio el paso más concreto al legalizar la marihuana en su país. En EEUU, dos estados también han legalizado su consumo para fines “recreacionales” y otras dos docenas lo permiten con fines médicos. Pero es insuficiente. El problema de la violencia por el tráfico de drogas se origina especialmente en la fabricación y tráfico internacional de cocaína y heroína.
Al despenalizar la producción, tráfico y consumo de drogas, se acabaría por completo el aliciente económico de las bandas que trabajan en ese campo y se eliminaría la violencia. Y para evitar el consumo de las drogas lo que habrá que hacer son campañas educativas para ello. El prohibicionismo no reduce ni la producción ni el consumo.
La legalización llegará, tarde o temprano, pero debido a intrincados intereses políticos y económicos, demorará. Y mientras tanto muchos más jóvenes como los de Iguala serán asesinados.
Raúl Peñaranda es periodista
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