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La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre el escenario de conflictividad durante la gestión 2014, determina que las organizaciones cívicas y vecinales fueron los actores que más protestas protagonizaron en diferentes regiones del país.
Según el informe, el sistema de la Defensoría registró 568 conflictos en la gestión pasada, de los cuales la institución defensora gestionó 290, es decir, en un 48% evitó la vulneración de derechos humanos.
Es así que “las organizaciones cívicas y vecinales fueron los actores demandantes más importantes en el país, con 192 casos, que representan el 29% de referencias, lo que muestra la concentración de la población en las ciudades; la precariedad en los servicios públicos y el rol que juega la población organizada en las juntas vecinales”, señala el documento.
El sector obrero-sindical le sigue en importancia con el 19%, lo que muestra la inestabilidad del sector. En ese campo se anotan los conflictos por yacimientos mineros, pero también las demandas de los trabajadores en educación o salud.
En tercer lugar se encuentra el sector gremial con 65 referencias, que representan aproximadamente el 10% de la totalidad de los conflictos.
En cuarto puesto se encuentra el sector campesino con 54 referencias equivalentes al 8% de las mismas. En quinto lugar de importancia está el sector indígena con 24 referencias que representan aproximadamente el 4%.
Conflictos por actores demandados
El trabajo de la Defensoría del Pueblo también muestra que el actor demandado con más frecuencia fue el Ejecutivo Municipal con 138 referencias que representan el 23% a nivel nacional.
Lo cual “muestra que las demandas a nivel local concentran la preferencia de la población pero, al mismo tiempo, denota que es en los gobiernos municipales donde con mayor intensidad se expresan las limitaciones en la gestión y en la capacidad de articular la demanda de la población”, según la evaluación de la institución defensora.
En segundo lugar se encuentra el Órgano Ejecutivo a través de los diferentes ministerios que componen el gobierno nacional, con 97 referencias que representa el 14%. Le siguen las entidades descentralizadas del Estado, con 86 referencias, que representa el 13%, como el caso de COMIBOL, EPSAS o ABC. Continúan las gober¬naciones con 53 referencias que hacen un 8%.
Todos los conflictos que implican al gobierno nacional de uno u otro modo, derivan en el pedido de intervención directa del Presidente del Estado Plurinacional cuando los titulares de los ministerios o lo organismos sectoriales no satisfacen las expectativas de los actores demandantes.
La Defensoría refiere que esa situación se presenta por una excesiva concentración en la toma de decisiones y una ausencia de políticas de gestión del conflicto, que eviten que la demanda llegue al propio Palacio de Gobierno.
Conflictos por departamento
En el departamento de La Paz se han producido la mayoría de los conflictos sociales, llegando al 26%, porque en esta región se encuentra la capital política y sede de gobierno del país.
En segundo lugar se encuentra el departamento de Santa Cruz con el 21%, luego Cochabamba con el 12%.
La diferencia porcentual entre los departamentos de Cochabamba, Oruro y Chuquisaca (al rededor del 11%) es escasa y baja gradualmente: Tarija 8%, Potosí 7%, Beni 5% y Pando, que tiene el menor número de conflictos.
Conflictos por tipo de demandas
La mayor parte de los conflictos se generan por demandas en servicios u obras públicas y por problemas laborales. Ambos significan el 24 % y en conjunto hacen un 48%.
El primer caso tiene relación con el proceso de urbanización creciente y la poca capacidad de respuesta de las instituciones del Estado y se refiere a la mejora de infraestructura vial, el rechazo de instalación o implementación de obras, y/o la queja ciudadana de los servicios públicos.
Le siguen con 70 referencias, que significa un 11 %, los problemas de gobernabilidad referidos a las demandas crecientes de la población en los municipios y la poca capacidad de las alcaldías de dar respuesta; en este contexto también se inserta la disputa de grupos sociales inclusive de un mismo grupo político por la disputa del poder municipal; estos se pueden relacionar con aquellos por tierra y territorio o limites conformando la disputa en los espacios locales.
Intensidad de los conflictos
La mitad de los conflictos registrados alcanzaron el nivel de “pre crisis”, lo que ya supone escena¬rios de toma de medidas de presión por parte de los actores demandantes, como paros, marchas y bloqueos.
Aquellos que escalaron en violencia y enfrentamientos y llegaron al nivel de “crisis” representan el 10% de los conflictos, lo que significa -sobre el mencionado universo referencial de 568 casos- una situación violenta por semana.
Este dato preocupante muestra que todavía los sistemas y mecanismos de prevención del Estado Plurinacional, a pesar de haber mejorado, no logran prevenir la escalada de violencia y encontrar soluciones a través del diálogo, remarca el análisis.
Los obstáculos para institucionalizar el diálogo son las deficiencias del Estado en la precariedad de las políticas y, en la mayoría de los casos, en la gestión pública; la ausencia de liderazgo de los tomadores de decisiones, como son las autoridades de los ministerios; y las demandas excesivas que polarizan a los actores.
Derechos vulnerados en conflictos
Los derechos laborales son los más vulnerados con 131 menciones que representan el 23% a nivel nacional en este rango.
En segundo lugar están los derechos referidos al nivel adecuado de vida con 82 menciones que representan el 14%. Luego se encuentra el derecho a la integridad, con 58 menciones que representan el 10% en casos vinculados a conflictos sociales que escalaron al nivel de “intensidad de crisis”.
En cuarto lugar se encuentra el derecho al debido proceso que registra 56 menciones y representa el 10%.
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