Nota del Ministerio de Justicia sobre las víctimas de la dictadura

El Ministerio de Justicia aclaró este viernes que la calificación y resarcimiento a las víctimas de las dictaduras concluyó y que la Ley 2640 es irrevisable, aspecto que fue dado a conocer en varias oportunidades al sector que se encuentra movilizado exigiendo la revisión de sus casos, informó la viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Érika Chávez.

“El artículo 20 de la Ley 2640 establece claramente que las resoluciones emitidas por las comisiones técnicas de calificación son de carácter irrevisable, entonces no hay opción, el Ministerio ha concluido con todo lo que ha sido el proceso de calificación, habiéndose concluido con la instancia administrativa”, dijo a los medios de comunicación.

Reiteró que en el marco de la norma se establecieron los plazos para la presentación de documentos y la calificación de los mismos y aclaró que quienes se encuentran movilizados no acreditaron su condición de víctimas.

La autoridad hizo las declaraciones tras el accionar de un grupo de siete personas, dos mujeres y cinco varones, que ingresaron abruptamente al Ministerio de Justicia burlando la seguridad del edificio el pasado jueves.
Chávez señaló que las instalaciones del Ministerio se encuentran en refacción y por el momento no se cuenta con baños ni agua, además que los pasillos se encuentran llenos de escombros, por lo que se procedió a explicar que el lugar no es apto para que este grupo de personas se encuentre en vigilia.

“Lastimosamente el Ministerio de Justicia está actualmente en refacción, esto se les ha explicado a los señores y les hemos pedido muy cordial y respetuosamente que piensen en que no pueden jugar con su salud y que tienen que analizar la posibilidad de que sus requerimientos tienen que ser atendidos con solicitudes formales y no de esta forma”, sostuvo.

Asimismo, anunció que del grupo de siete personas, una abandonó el lugar el viernes por la tarde, pero que este hecho fue reprochado por otra de las componentes del grupo, situación que demostraría una obligatoriedad de esas personas para quedarse en dependencias del Ministerio.

“Eran siete personas y una de ellas abandonó las instalaciones, y tras haber salido la señora hubo otra persona que reclamó el hecho de que se le haya dejado salir del edificio, entonces estas situaciones nos dan a entender que les están obligando a permanecer aquí”, enfatizó.

La Viceministra de Justicia adelantó también que el Ministerio de Justicia no asumirá ningún tipo de medidas coercitivas y que se esperará a que abandonen las instalaciones por voluntad propia.