ANP denuncia suspensión de publicidad estatal a medios

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) denunció que el gobierno del Presidente Evo Morales, dispuso la suspensión de la publicidad estatal a los diarios con independencia editorial, poniendo en riesgo  la fuente laboral de cientos de periodistas, personal administrativo y de talleres de imprenta.

Esa entidad que agrupa a propietarios de medios de comunicación impresos, advierte que esta prohibición se consolida un nuevo atropello a la libertad de expresión.

"Lamentamos que una extendida campaña dirigida a desprestigiar el trabajo responsable de nuestros medios asociados,  se transforme en una agresión económica a manera de castigo contra el ejercicio de un periodismo alentado por la búsqueda de la verdad", afirma un comunicado difundido en varios medios impresos.

Señala que la medida aplicada por los niveles administrativos del gobierno central y de los gobiernos departamentales y municipales controlados por el oficialismo es la consecuencia del trabajo transparente cumplido antes, durante y después del referéndum del 21 de febrero de este año.

La entidad precisa que "los hechos de corrupción, tráfico de influencias y acusaciones que involucran a altos funcionarios cobraron interés informativo porque son actos que comprometen el uso de dinero y bienes públicos, y, por tanto, la ciudadanía tiene el derecho constitucional de ser informada. Por esa consideración, las denuncias no pueden ser atribuidas a una acción planificada por los medios que cumplen su función informativa".

La exclusión de los medios independientes de recibir los anuncios publicitarios estatales vulnera el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre de 2000.

Afirman que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley.

"Los medios asociados a la ANP reiteran su compromiso de informar de manera independiente, apoyados en las libertades constitucionales y en rechazo a una política que pretende imponer el silencio", puntualiza.