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El ministro de Energías Rafael Alarcón afirmó este jueves que no son los pueblos indígenas los que se oponen a los proyectos de las hidroeléctricas, sino algunos particulares financiados por ONGs y que se atribuyen representación indígena.
Durante del 17º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, la representante de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Ruth Alípaz, denunció la violación a los derechos para una consulta previa antes de encarar los megaproyectos Chepete-Bala y Rositas.
La autoridad rebatió esa postura al señalar que el gobierno trabaja en forma orgánica, con la dirigencia y los pobladores de los diferentes lugares donde se desarrollan emprendimientos de diferente envergadura.
Explicó que en el caso del Chepete, El Bala y Rositas, el gobierno está conversando de manera sistemática y en forma planificada con todas las organizaciones, por lo tanto, los reclamos son absolutamente particulares.
Anunció que continuarán trabajando con los dirigentes en distintos pueblos indígenas que estén inmersos en el proyecto.
Recordó que está en curso una acción popular presentado por particulares en contra del proyecto Rositas, pero el gobierno tiene un convenio firmado con la dirigencia y hay un cronograma de socialización que llega a los pobladores.
Para el ministro Alcarcón, los que denuncian a nivel internacional, “son activistas financiados por Organizaciones no Gubernamentales”.
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