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La defensa legal de la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chánez, que junto a su colega Ligia Velásquez será juzgada en el Senado, anunció hoy que después de agotar la instancia jurisdiccional boliviana, acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado boliviano una indemnización de 10 millones de dólares en favor de su clienta.
“La indemnización que vamos a demandar va superar los 10 millones de dólares en contra del Estado boliviano, porque es un abuso que se está advirtiendo permanentemente, no puede actuar el Senado Nacional como juez penal y menos tratar de condenar a ciudadanas inocentes porque en este caso ya estaríamos en un hecho de usurpación manifiesta de funciones”, aseveró Eduardo León, abogado de Chánez.
Entre tanto, el abogado dijo que mantendrán el criterio que estableció la Comisión Internacional de Juristas como las Naciones Unidas sobre el caso del juzgamiento de las magistradas, que se encuentran sometidas a un juicio de responsabilidades por haber admitido una demanda en contra de la Ley del Notariado que suspendió de manera temporal su aplicación.
“En este caso existe la violación de derechos y garantías constituciones y de normas internacionales, porque en ninguna parte del mundo se ha visto que un Senado Nacional haga de juez penal”, aseveró.
El pasado 22 de octubre, el representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Dennis Racicot, afirmó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por definición, no está diseñada para juzgar.
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