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El representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Dennis Racicot, afirmó hoy que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por definición, no está diseñada para juzgar. Hizo esa declaración al referirse al proceso instaurado en contra de las magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Ligia Velásquez y Rosario Chánez.
“Es sumamente importante tratar de mantener los principios que son los más fundamentales, dentro del marco de la separación de los poderes, el respeto a la independencia judicial, entonces es muy importante que al momento de ejercer en estos momentos esa jurisdicción, la Asamblea Legislativa, tome conciencia de que su rol de administración de justicia, en materia penal, es una situación sumamente delicada, porque la Asamblea Legislativa, por definición, no está diseñada para ese motivo”, afirmó.
Insistió que en este juicio de responsabilidades en contra de las dos magistradas hay que tomar conciencia de que la Asamblea Legislativa no es un tribunal de justicia en materia penal, porque su vocación es precisamente la de legislar.
“La Asamblea Legislativa, en el marco de la separación de los poderes, es una institución que por definición no debería (juzgar, por tanto ahora) está en una situación muy difícil de administración de una justicia penal”, sostuvo.
Por ello, consideró que se trata de una situación compleja de mucha sensibilidad y fragilidad a nivel institucional, donde está el tema de la independencia judicial y de las relaciones de los distintos órganos del Estado en el marco de la separación de los poderes.
Señaló que el Legislativo se encuentra en un momento muy delicado, porque la ALP y en particular el Senado –que será la instancia que juzgará a las dos magistradas desde el próximo 4 de noviembre– tiene en sus manos uno de los temas más complejos y difíciles.
“Semejantes mecanismos puestos en acción son de extrema sensibilidad y muchísima complejidad y en ese contexto hay que trabajar con los principios bien altos, principios y valores en cuanto a los derechos humanos de las personas involucradas (...) invitamos en ese contexto a todos los senadores a trabajar con su conciencia, a nivel individual, pero anunciamos que va ser una situación muy difícil”, apuntó.
Ayer, el Tribunal de Sentencia de la Cámara de Senadores postergó el inicio del juicio oral en contra de las magistradas suspendidas hasta el próximo el próximo 4 de noviembre. Ambas son juzgadas por admitir una demanda en contra de la Ley del Notariado que suspendió de manera temporal su aplicación.
Otro de los magistrados que posiblemente corra la misma suerte es Gualberto Cusi, quien la víspera fue imputado por el mismo caso en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
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