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El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia manifiesta preocupación por la crisis judicial del Estado boliviano, que en los últimos años se ahondó; por tanto, recomienda adoptar medidas para revertir la situación.
La recomendación señala que el Órgano Judicial y el Ministerio Público continúen con el proceso de definición e implementación de políticas institucionales para mejorar el acceso a la justicia, la transparencia e independencia judicial, también encarga reducir el rezago judicial, e inclusive, mediante la implementación de la conciliación judicial y la carrera de fiscales y jueces.
“Hay (una) gama de cosas, medidas a corto plazo para acelerar algunos procesos, pero otros a mediano plazo. Hemos trabajado el tema de la carrera judicial y regímenes disciplinarios con la Fiscalía General del Estado y el sistema judicial. Hay un problema muy serio en cuanto al ejercicio de la profesión de jueces en el país”, afirmó Dennis Racicot, representante de la OACNUDH.
De acuerdo con los datos, el sistema judicial del país se encuentra agitado por la ineficiente cobertura de los servicios judiciales, el acceso limitado a la justicia por parte de los sectores más vulnerables, el rezago judicial, e incluso está salpicado por denuncias de hechos de corrupción y tolerancia a la impunidad.
Los casos señalados profundizaron la crisis judicial en 2013. A pesar de la elección por voto popular de 56 nuevas autoridades judiciales, en octubre de 2011, que costó aproximadamente 1,7 millones de bolivianos la elección de cada magistrado, según el exlegislador Mauricio Muñoz, la crisis se agudizó.
El informe también describe la “grave situación del sistema judicial penal” que tiene el 75 por ciento de casos rezagados, la aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva, la cobertura insuficiente del Ministerio Público, el frecuente cambio de fiscales, la continua suspensión de audiencias, el uso abusivo de recursos dilatorios y la paralización de procesos que afectan a las víctimas.
Las observaciones anteriores, más la informalidad de algunos operadores de la justicia y actuación desordenada de los mismos también perturban al cumplimiento del debido proceso en desmedro de las víctimas y de los acusados.
El Órgano Judicial tiene un presupuesto anual de sólo 0,53 por ciento. En 2013, el Consejo de la Magistratura cubrió la vacancia de 96 puestos de jueces con el fin de mejorar el acceso a la justicia, pero no fue suficiente. Casos que preocupan a la OACNUDH.
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