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La ONUDD ha prometido ampliar la cooperación con el gobierno de Bolivia en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, una señal del respaldo que mantiene la comunidad internacional con el país andino.
El 2 de febrero, el gobierno boliviano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) firmaron un acuerdo para cooperar en un programa por valor de US$22 millones que busca "fortalecer las capacidades del Estado Plurinacional de Bolivia para prevenir el delito y responder a las amenazas interconectadas de la droga, de la delincuencia organizada y de la corrupción", anunció el canciller.
El dinero se destinará al "Programa País" 2016-2020 (pdf) entre la ONUDD y el gobierno de Bolivia.
El país pagará US$1,750 millones del paquete de ayuda total por US$22 millones, mientras que el resto será financiado por la Unión Europea y sus países miembros. Los socios ya han obtenido US$9,5 millones de financiación, que equivalen al 43 por ciento del total.
El programa tiene cinco pilares: cultivos de coca y desarrollo integral (US$6,2 millones); salud pública y legislación sobre estupefacientes (US$4,7 millones); prevención y combate del crimen organizado (US$5,9 millones); prevención y lucha contra la corrupción (US$2,6 millones); y reforma del sistema de justicia penal (US$2,7 millones).
Las iniciativas de la ONUDD para ayudar a Bolivia a enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado deben analizarse a la luz de las diferencias del país con las políticas antinarcóticos de Estados Unidos.
Esta dinámica ha llevado a que la ayuda financiera de la comunidad internacional, en especial de la Unión Europea, cobre especial relevancia.
Durante largo tiempo, la UE ha brindado ayuda antidrogas al país andino, bien sea mediante cooperación directa o con la financiación de programas de la ONUDD. En noviembre de 2016, la UE firmó un acuerdo con el gobierno boliviano para ayudar a los organismos locales a combatir el narcotráfico y las actividades criminales relacionadas.
Pero el apoyo financiero continuado de la UE ha cobrado importancia desde la disputa diplomática entre Bolivia y Estados Unidos.
En 2008, el presidente Evo Morales expulsó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y al embajador de Estados Unidos, antes de adoptar una medida similar con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 2013. Con el tiempo, estos hechos derivaron en una eliminación casi total de la ayuda antinarcóticos a Bolivia por parte de Estados Unidos.
El gobierno boliviano ha adoptado una estrategia muy diferente para reducir los cultivos de coca en comparación con Perú y Colombia, que siguen recibiendo subsidios de Estados Unidos. El énfasis del gobierno en la autovigilancia y los derechos de los agricultores parece efectiva; en 2015, el número de cultivos de coca cayó a su mínimo desde que la ONUDD comenzó el monitoreo en 2003.
Esto no quiere decir que Bolivia haya resuelto todos sus problemas relacionados con el crimen organizado y la corrupción. El gobierno sigue intentando hacer frente a las importantes actividades de tráfico de narcóticos en su territorio, mientras que la corrupción aqueja a los organismos de gobierno y el sistema carcelario boliviano es uno de los más hacinados de toda Latinoamérica, con un índice de ocupación de 254 por ciento.
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