Seguridad
Exige celeridad al juez y a la fiscalía
Gobierno pidió edictos para mineros del caso Illanes
Enfrentamiento cooperativistas y policías en Panduro. Foto/archivo

Martes, 3 Enero, 2017 - 20:31

El Ministerio de Gobierno solicitó a la Fiscalía de La Paz citar por edictos a cuatro acusados de participar en la muerte del exviceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, para luego imputarlos y procesarlos en rebeldía, informó el abogado del Ministerio, Marcelo Gutiérrez.

Explicó que solicitaron también al juez acelerar la emisión de los edictos, ordenando la publicación de las personas que aún faltan declarar, pese a que tiene mandamiento de aprehensión que no fue efectivo porque los cuatros fugaron con la ayuda de cuatro cooperativistas.

Illanes falleció el 25 de agosto en la localidad de Panduro en medio de un bloqueo de cooperativistas mineros y fue brutalmente asesinado por personas que aún son investigadas.

CASO DEL SECUESTRO DE PEDRO VILLA

Por otra parte, también informó que se encuentran adelantadas las investigaciones destinadas a identificar a las personas que el 24 de diciembre de 2016, secuestraron al viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, en la localidad de Entre Ríos.

Indicó que la denuncia fue presentada el mismo día ante la Fiscalía de esa población y desde entonces la Policía tiene avanzada la identificación de tres personas que serían responsables del secuestro.

También se lograron identificar a los posibles testigos del hecho, cuando el viceministro fue llevado a un recinto cerrado donde junto a nueve policías fue privado de su libertad.

El abogado evitó dar mayores detalles para no comprometer la investigación a cargo del Ministerio Público en coordinación con la Policía Boliviana. 

Los pobladores de Entre Ríos protagonizaron un bloqueo cerca de Navidad, exigiendo la liberación de sus dirigentes acusados de ser autores del linchamiento de una persona a la que culparon de robar una motocicleta.

Los dirigentes fueron encarcelados pero gracias a una negociación lograron recuperar su libertad ordenada por un juez que actuó en base a un compromiso facilitado por la Defensoría del Pueblo, con lo que se suspendió la medida de presión.

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