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Ramiro Vega, abogado del representante legal de la empresa “Bravo”, Luis Bell, afirmó que el Ministerio de Comunicación contrató por “invitación directa” los servicios de esta compañía acusada de corrupción por YPFB.
“A Luis Bell lo invitaron directamente para que cumpla con estos requerimientos de memorias flash y poleras. Y era la única empresa, tengo entendido, dispuesta a hacerlo en el minúsculo tiempo que pretendía el Ministerio de Comunicación”, aseveró el jurista.
El fiscal Leopoldo Ramos reveló la semana pasada que dicho ministerio adjudicó a esta empresa la provisión de 252 memorias flash por 100 mil bolivianos y 555 poleras por 50 mil bolivianos, con motivo de la Reunión del G77+China que se realizó en Santa Cruz el año pasado. Luego, Ramos fue separado del caso.
El viernes, Vega aseguró que Comunicación aún debe dinero a “Bravo” por estos servicios.
Por otro lado, la viceministra de Políticas Comunicaciones, Claudia Espinoza, aseguró que no se realizó ningún pago a “Bravo” y afirmó que sólo recibió “algunas muestras del producto”, pero no tiene una “recepción oficial”, según Página Siete. No obstante, existen dos notas en que “Bravo” entrega 252 memorias flash y 555 poleras al Ministerio, con “responsabilidad y calidad”, ambos documentos están firmados por Espinoza.
Pide al Ministerio que no tenga miedo
Vega pidió al Ministerio de Comunicación que “no tenga miedo” y no niegue el contrato porque no hubo irregularidades en la adjudicación.
“Le digo al Ministerio de Comunicación que no tenga medio. No tiene que temer, no tiene porqué negar el contrato porque no se hizo nada malo. Allí no se hizo nada ‘trucho’, no se ha ‘coimeado’ a nadie. Luis Bell y Selva Camacho no conocen a nadie allí”, dijo el abogado.
El jurista aseveró que “Bravo” entregó los productos sin sobreprecio.
“No hay porque negarlo, salvo que haya una irregularidad ¿Por qué no van a decir: ‘yo he contratado a tal persona’? Los documentos van a aparecer, los pagaos van a aparecer en algún momento. No ha habido nada malo”, manifestó.
“Bravo” está acusada de beneficiarse de manera irregular con un contrato de más de 400 mil dólares de YPFB Transporte por la provisión de vallas publicitarias para el G77.
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