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Se realizó un acto de honor en Tihuanacu, en el que el Primer Mandatario destacó su popularidad, la democracia, la importancia de las mujeres, la economía y las relaciones internacionales como aspectos importantes de su gestión.
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García aseguró ayer que “el tema de la industrialización no fue parte de la Agenda de Octubre”, porque según su criterio, la movilización de 2003 sólo exigía la no venta de gas por Chile, la recuperación de recursos naturales y la asamblea constituyente.
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Cástulo Martínez, en entrevista con ERBOL, dijo que es un hecho que Chile no aceptará entregar soberanía a Bolivia de manera gratuita, por tanto, ahora lo que resta es esperar qué podría ofrecer a cambio el país que demanda una salida al mar.
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El TSE decidió iniciar un proceso contra los cinco vocales del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca por supuestas faltas graves y muy graves durante las elecciones subnacionales.
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Los condecorados por la labor en la demanda marítima, además de Choquehuanca, son Carlos Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez Veltzé y el secretario general de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), Emerson Calderón.
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De acuerdo con la Ley del Órgano Electoral, de hallarse responsabilidad penal de los vocales, se debe pasar el caso a conocimiento del Ministerio Público
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En el contexto de la reunión, el agente chileno, Felipe Bulnes, seguro de que la Corte Internacional limitó los alcances de la demanda, dijo que “ahora corresponde demostrar que Bolivia tergiversa nuestra historia común”.
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La opositora Unidad Demócrata (UD) anunció que pedirá a los ministros del área económica que expliquen a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y al país cuál la justificación del endeudamiento de más de 7 mil millones de dólares que Bolivia contraerá con la República de China.
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García aseguró que en la lucha de octubre de 2003, la agenda de los combatientes sólo tenía tres pilares fundamentales (no venta de gas por Chile, recuperación de recursos naturales y asamblea constituyente) y los mismos fueron cumplidos por el actual Gobierno.
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Esta determinación fue tomada por la posible comisión de “faltas graves y muy graves” que habrían cometido los ahora vocales suspendidos durante las elecciones subnacionales del pasado 29 de marzo.