Observan decadencia moral en operadores de la justicia

Tras los hechos denunciados en el caso del exfiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, y del exfiscal René Quispe, la oposición observa “una decadencia moral y ética” que toca fondo en los operadores de justicia, consecuencia de la injerencia política en la designación de esas autoridades.

La senadora de Unidad Demócrata (UD) Carmen Eva Gonzales dijo que la cadena de escándalos que envolvió a las autoridades no solo de la fiscalía, sino también del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura en juerga con menores de edad, ha trastocado el principio ético de los funcionarios judiciales.

Recordó que hace poco se observó en un video al presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, en plena fiesta con funcionarios de su oficina, que aunque no sea actual, es totalmente reñido con el decoro del servicio público.

Lo mismo sucedió con cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que se fueron de viaje a China, en una actitud calificada de inmoral por el mismo  vicepresidente Álvaro García Linera y que a fuerza de presión, tuvieron que retornar al país para restituir el quórum, manifestó.

Dijo que en cuanto a su departamento le toca, el profesor Óscar Guerrero,  hermano del Fiscal General Ramiro Guerrero, fue denunciado cinco veces por acoso sexual y abuso deshonesto a sus alumnas, y no hay un fiscal que lo pueda procesar pese a las evidencias aportadas.

A su vez, el diputado opositor paceño Gonzalo Jarro, coincidió con su colega senadora pero aumentó otros dos hechos que se conocieron a través de las redes sociales, como las “escenas vergonzosas” de funcionarios de la Gobernación de Oruro, sin que a la fecha se conozca si el titular Víctor Hugo Vásquez, encaminó una denuncia.

Jarro señaló que lo mismo ocurrió con el asambleísta departamental de Chuquisaca del MAS, Domingo Alcibia, cuando fue observado en una supuesta violación a una funcionaria de la Asamblea Departamental. Luego recuperó su libertad al haberse acogido proceso abreviado, admitiendo el delito de uso indebido de bienes públicos, por el cual fue sentenciado a un año y seis meses.

Sin embargo la Fiscalía abrió un nuevo proceso por presunta violación que habría ocurrido el 20 de diciembre de 2012, pero tampoco se conocen resultados hasta la fecha.