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El Viceministro de Transparencia Diego Jiménez informó este miércoles que ha solicitado a la Unidad de Transparencia de la Cancillería, agilizar el procedimiento interno y emitir informe sobre la denuncia de cobros a una abogada contratada en julio de 2017, para un cargo en la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Jiménez dijo que ha tomado conocimiento del proceso abierto por la Unidad de Transparencia de la Cancillería y como en cualquier caso de esta naturaleza, pidieron que “se investigue una denuncia de esta magnitud”.
“Seguramente que se está procesando la investigación y pondrá en consideración como denuncia al Ministerio Público”, declaró a Erbol al asegurar que si se determina la existencia de un hecho delictivo, el mismo Estado será parte querellante, aunque prefirió esperar el informe final.
La Unidad de Transparencia investiga a Fabiola Elena M.G. asesora del canciller Fernando Huanacuni, por un cobro de 30.000 bolivianos en julio de 2017 a favor de “dirigentes” que habrían influenciado para la contratación.
La víctima ingresó en julio y renunció en noviembre, debido al acoso y maltrato laboral que sufrió de parte de la asesora, quien cambió de carácter tras cobrar la suma solicitada, aunque el 23 de noviembre de 2107, devolvió bajo recibo los 30.000 bolivianos, según relató la víctima.
Indicó que ha coordinado con la Unidad de Transparencia para saber cuál es toda la información que ha recabado y tomar una determinación sobre elementos objetivos.
“Existe una denuncia en curso, se la está procesando y por supuesto, independientemente de la jerarquía del servidor público, si se ha involucrado en un hecho irregular, será procesado y sancionado como corresponde”, manifestó.
Aclaró que por mandato de la Ley 974, el Viceministerio activa su competencia cuando hay daños por encima de un millón de dólares, cuando se involucra a la Máxima Autoridad Ejecutiva /(MAE), por casos de ganancias ilícitas, pero en este caso, la Unidad de Transparencia puede generar su propio mecanismo.
Sin embargo tiene la facultad de coordinar y monitorear para que la investigación se realice con la mayor rigurosidad que “está en pleno proceso”. Jiménez dijo que una vez concluida la etapa de investigación, la Unidad debe reportar al Viceministerio de Transparencia el informe final.
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