En el MAS piden desvincular a asesora legal de Cancillería

El jefe de bancada del MAS, David Ramos, pidió desvincular a Fabiola Elena M.G, asesora del despacho del Canciller Fernando Huanacuni, mientras duren las investigaciones sobre supuestos cobros de dinero para “dirigentes” por la designación de una abogada para la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Unidad de Transparencia investiga a dicha funcionaria sobre una denuncia de cobros a una abogada que fue contratada en el mes de julio de  2017, tiempo en el que - según el relato de la víctima - la asesora encargada de gestionar el memorándum, cobró 30.000 bolivianos en partidas de 10 y 20 mil bolivianos respectivamente para "cumplir a los dirigentes".

“Para nosotros este tema tendrá que ventilarse en la instancia jurisdiccional y establecerse grados de responsabilidad y mientras dure la investigación, tiene que ser desvinculada de la institución”, dijo Ramos.

Sostuvo que si hay pruebas claras sobre la comisión de delitos, la Unidad de Transparencia tiene que llevar el caso a la instancia que corresponda. De comprobarse, se exigirá las sanciones más duras por este delito que pudiera haberse cometido a título personal y no a nombre de la institución.

El diputado del PDC Raúl Rocha dijo que no es de extrañar los cobros porque en todas las oficinas de la administración pública se tiene la misma práctica y por eso el MAS trata de dilatar los actos de fiscalización.

“Estamos viviendo un sistema de corrupción total y lamentablemente nadie quiere tocar. Dicen que los diputados no hacemos nada, pero cuando fiscalizamos actos de corrupción, los ministros salen aplaudidos”. manifestó.

El diputado Juan Cala (MAS) sostuvo que si hay cobros, lo que corresponde es destituir a la funcionaria porque no se puede permitir que gente a la que se le dio oportunidad de trabajar, esté extorsionando por cargos.

“No solamente hay ahí (en la Cancillería). Acá en la Cámara de Diputados a su personal y trabajadores van cobrando. Hay que denunciar y hacer que la persona que denuncie dé informe con mayor precisión, para investigar, destituir y meterlos preso”, manifestó.

Cala señaló que el tema de los cobros se escucha por todo lugar: en las alcaldías, gobernaciones y en el gobierno central, porque “hay gente que se dedica a ese tipo (de actos) y no sé sí es con el visto bueno de sus jefes o lo hace de manera particular. Es un tema que todo el mundo lo sabe, hay funcionarios que pagan para ingresar y la gente tiene que empezar a valorarse, no solamente pagar para conseguir una pega”, acotó.