García: limitación en la CPE impidió cobrar unos $us10 millones más

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, sostuvo hoy que el Estado no cobró unos 10 millones de dólares más por la firma de contrato entre la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la empresa Illapa (Sinchi Wayra) por limitaciones en la Constitución Política del Estado referidas a la retroactividad.

“Lamentablemente la ley no es retroactiva, hubiéramos querido aplicar retroactividad para cobrar la mejora en el nuevo pago de interés (…), podríamos haber ganado unos 8 ó 10 millones de dólares más, (…) intentamos por todos los medios de que pudiera haber retroactividad pero lamentablemente la Constitución sólo establece retroactividad en temas laborales y en temas de enjuiciamientos por daño al Estado y no tiene que ver en temas de contratos económicos”, sostuvo García.

El Artículo 123 de la CPE señala: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución”.

Apuntó que cuando se firmó el contrato la cantidad de dinero que tenía que pagar la empresa privada era mayor. “Queríamos aplicar eso al momento de la negociación, pero es un tema legal, la ley dice por Constitución que se aplican los nuevos impuestos una vez que tu apruebas (el contrato) para adelante y no puedes jalar para atrás”, argumentó.

El primer contrato entre Comibol e Illapa, firmado en 2012 después de la nacionalización de Colquiri, contempla como “fecha efectiva” de inicio del acuerdo el 1 de octubre de 2011, el mismo contrato, pero aprobado por la Asamblea Legislativa en abril de 2013, registra como año de inicio el 2012 en lugar de 2011. 

El objeto del contrato es desarrollar e implementar una operación minera para el tratamiento de las reservas y recursos mineralógicos existentes en las minas Bolívar (provincia Antequera, Oruro) y Porco (provincia Antonio Quijarro, Potosí), bajo la modalidad de Asociación para la exploración, preparación, explotación, beneficio y comercialización de concentrados de minerales, descritos en esta cláusula.

En un discurso del 2 de Julio de 2013, durante el acto de firma precisamente de este contrato, el Vicepresidente Álvaro García Linera insinuó esta irregularidad.

“Tengo una preocupación que quiero comentar con nuestro compañero empresario: si este contrato lo hubiéramos firmado el año pasado el Estado hubiera ganado mucho más, por lo menos unos 5 u 8 millones de dólares. Entiendo que ustedes no han dilatado  el contrato. Ha sido culpa de ambos, de los dos, del Estado y de ustedes”, manifestó.

“Entiendo también que en el contrato inicial había una cláusula retroactiva, pero por Constitución eso no puede funcionar, pero hay la voluntad. Hay la voluntad se puede ver un mecanismo de que algo más regrese al Estado para que construyamos más escuelas y hospitales”, complementó.