Revilla: Nuevos magistrados serán peores que los actuales

El alcalde de La Paz y  líder de la agrupación opositora Sol.Bo, Luis Revilla, advirtió que debido a los problemas de calificación que enfrenta la Asamblea Legislativa, los nuevos magistrados a elegirse en octubre, "serán peores que los actuales”, porque el proceso de preselección fue mal llevado por el oficialismo.

Revilla declaró la mañana de este viernes a  Cadena A, que la preselección debería reconducirse para que los bolivianos puedan elegir a los mejores abogados para tener una justicia independiente y no a gente vinculada al gobierno, donde la administración de justicia responda a intereses partidarios.

El miércoles los presidentes de la Asamblea Legislativa lanzaron la propuesta de una Ley Transitoria para eludir los requisitos de género y plurinacionalidad, ante la falta de postulantes para estos espacios en algunos departamentos.

De acuerdo al calendario de actividades, la fase de preselección ingresó desde hoy a la etapa de impugnaciones ciudadanas contra los postulantes habilitados para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y autoridades del Consejo de la Magistratura.

En las últimas horas, la organización ONU-Mujeres observó a uno de los actuales aspirantes al Consejo de la Magistratura (Ricardo Soto Butrón), quien fue denunciado en 2012 por violencia física y psicológica por sus mismas colegas, cuando era magistrado del Tribunal Agroambiental. Ese hecho fue denunciado un año después por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La entidad recuerda que una de las denuncias presentadas fue rechazada por el Ministerio Público el 9 de diciembre de 2015, la otra llegó hasta la etapa de acusación formal del imputado, sin embargo, el proceso no avanzó más, hasta que en fecha 8 de mayo de 2017 la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca declaró extinguida la acción penal, por prescripción.

Este tipo de casos ponen en evidencia la existencia de problemas estructurales en la administración de justicia tales como la discriminación de género, retardación de justicia, selectividad e impunidad, que afectan a todas las mujeres incluyendo a magistradas de los altos tribunales del país, los que impiden que las victimas puedan ejercer su derecho de acceso a la justicia pronta y oportuna, dice en un comunicado.