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La Cancillería del Estado ha informado que el costo del juicio marítimo contra Chile instaurado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, alcanzó a 14.018.000 dólares americanos que fueron ejecutados a través de la Dirección de Reivindicación Marítima (DIREMAR).
En el comunicado difundido este viernes, señala que esos costos provienen desde el año 2011 hasta la fecha y aseguran que el procedimiento de ejecución de dichos gastos se regula por los decretos supremos Nros. 1747 de 2 de octubre de 2013, 2000 de 19 de mayo de 2014 y 3131 de 29 de marzo de 2017 y están sometidos al control interno y posterior por la Contraloría General del Estado.
Chile se anticipó a revelar que durante los últimos cinco años, gastó más de 24,4 millones de dólares en sustentar la defensa ante el juicio interpuesto por Bolivia. La Cancillería de ese país asegura que esos recursos fueron ejecutados por Dirección de Fronteras y Límites de Estado(Difrol), con el único fin de evitar un fallo con obligación de negociar.
En Bolivia, el gobierno y el presidente Evo Morales se mostraron renuentes a revelar los costos del juicio, cuando las autoridades nacionales eran consultadas en contactos con la prensa, aduciendo que están bajo reserva y confidencialidad, dispuesto por un decreto supremo.
El equipo jurídico internacional estuvo coordinado en Europa por el Agente Eduardo Rodríguez Veltzé y estuvo compuesto por Antonio Remiro Brotóns, abogado español y consejero de El Salvador, España, Nicaragua y Argentina en procedimientos contenciosos ante la Corte Internacional de Justicia.
También por el abogado francés Mathias Forteau quien es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Defendió a Burkina Faso en la "disputa fronteriza con Nigeria" a Myanmar en la disputa sobre "delimitación de la frontera marítima con Bangladesh".
Monique Chemillier – Gendreau, abogada francesa con experiencia en diversos procesos arbitrales y ante la CIJ en casos tales como "Solicitud de Opinión Consultiva sobre Sahara Occidental", "Controversia entre Guinea Bissau y Senegal" y la "Controversia entre la República Democrática del Congo y Bélgica".
Payam Akhavan, abogado iraní, primer asesor legal de la oficina del fiscal de los Tribunales Penales Internacionales para la ex-Yugoslavia y Ruanda durante el periodo de 1994 a 2000. Vaughan Lowe abogado inglés, que participó antes en casos ante la CIJ, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, entre otros. También representó ante la CIJ en las disputas marítimas del Perú contra Chile y a Nicaragua contra Colombia.
El abogado inglés Amy Sander posee experiencia en el arbitraje entre la República de Mauricio y Reino Unido. Compareció ante la CIJ en los casos de "Caza de Ballenas en el Antártico", que enfrentó a Japón y Australia, entre otros y es especialista en derecho internacional público.
Estos abogados fueron los que dieron las opiniones jurídicas e intervinieron en los alegatos finales en materia de derecho internacional. Sin embargo no pudieron convencer a los magistrados del Tribunal de La Haya que falló en contra de la demanda boliviana, dando razón a Chile, en sentido que no tiene obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico.
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