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ERBOL EN ARGENTINA
Por iniciativa propia y al margen de las acciones de la embajada o el consulado boliviano, la comunidad de residentes nacionales, acudirá este martes al Congreso argentino para expresar su rechazo a la nueva Ley Migratoria argentina, por ser un proyecto discriminador para aceptar o rechazar el ingreso de extranjeros a territorio argentino.
La decisión coincide con la visita de una misión del gobierno nacional, que llegó la tarde de este domingo a Buenos Aires, en medio de un hermetismo sellado desde el consulado boliviano, que distrajo el contacto de las autoridades de gobierno con otros grupos de residentes que de manera voluntaria acudieron a las legaciones diplomáticas.
El dirigente del llamado Comité de Defensa del Proceso de Cambio, José Walter Peredo, declaró a la prensa boliviana, que visitarán el martes en horas de la tarde al diputado opositor Edgardo Depetri del Frente Para la Victoria (FVP) para transmitir la preocupación de los bolivianos sobre los peligros que significa la reforma migratoria planteada por el ejecutivo argentino.
La intención del presidente Mauricio Macri es evitar que extranjeros con antecedentes penales, narcotráfico, trata y tráfico de personas ingresen a su territorio, y presionar a que ciudadanos ilegales con esos archivos abandonen el país bajo amenaza de deportación.
Los residentes bolivianos legales advirtieron que por el momento no se sienten los efectos del duro control migratorio, pero consideran que una vez aprobada en el Congreso, será un instrumento legal para una persecución indiscriminada a los residentes bolivianos.
Peredo y otros a dirigentes del mismo comité, acudieron la tarde de este domingo hasta la embajada boliviana en Buenos Aires, pero se encontraron con las puertas cerradas y sin personal que diera datos sobre las actividades de la comitiva encabezada por el presidente del Senado, José Alberto Gonzales y otras autoridades del Ejecutivo.
Este grupo de dirigentes acudió por iniciativa propia, al conocer por la prensa local del arribo de la comisión. Un par de otros dirigentes identificados con el MAS, acudió a la misma hora y se encontró también con la embajada cerrada.
Sin embargo a través de una llamada vía celular, lograron contactar con el cónsul Ramiro Tapia quien -según dijeron - les dio la dirección del encuentro con la misión oficial y partieron raudamente al lugar en una movilidad particular.
“No puedes ir, ustedes no pueden entrar, es reunión privada”, dijo el dirigente a los connacionales y a los periodistas que fueron a la embajada, generando una desagradable sorpresa de los dirigentes del comité. Luego éstos se trasladaron hasta las puertas del consulado, donde también se encontraron las puertas cerradas, rematado desde los interiores por un candado de metal.
Pese al mal momento que pasaron en correteos por dar con la comisión, el comité de defensa anunció un proceso de articulación propia para asumir defensa con la ayuda de diputados opositores al gobierno de Macri, quien a través de la ministra de Seguridad, Patricia Burllich, endureció el control migratorio.
Los medios de prensa argentinos informaron este domingo que Burllich planteó aplicar a las flotas de transporte internacional, el sistema de Información Anticipada del Pasajeros (API) por el cual el Ministerio del Interior logra ingresar a los antecedentes de las personas que intentan ingresar a territorio argentino, tal como ocurre el control en los aeropuertos internacionales.
Los residentes operan de manera independiente a las acciones de la embajada o el consulado porque – según explicaron - éstas representaciones diplomáticas no se abren a la coordinación con todos los grupos de bolivianos, por lo que anunciaron que la siguiente semana presentarán una acción de amparo judicial con el fin de lograr que se califique como discriminatoria a la Ley de Migración, con la cual pretenden bloquear la reforma en el Congreso argentino.
Hace una semana presentaron un recurso ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, La Xenofobia y el Racismo (INADI), una entidad estatal encargada de atender reclamos y denuncias discriminatorias. El dictamen no implica una sanción ni el cese de la actitud discriminatoria, pero sus opiniones suelen ser tenidos en cuenta por los organismos judiciales y administrativos para el damnificado llegue a otras instancias.
Anunciaron que en forma paralela grupos de residentes se organizan para realizar manifestaciones de protesta contra la reforma migratoria. Para este lunes, la comisión prevé cumplir una agenda que aún no se conoce.
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