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Luego que el expresidente Carlos Mesa señalara al ministro de Gobierno Carlos Romero como responsable de la muerte del estudiante universitario Jonathan Quispe, esa cartera de Estado se puso en guardia y activó un arsenal de cinco sospechas donde el exmandatario habría tenido algún rol cuando ejercía altas funciones públicas.
Muerte de octubre de 2003, gastos reservados, fondos de auxilios para PAT, caso Quiborax y Odebrecht, forman parte de una cadena de cuestionamientos sobre el exmandatario.
A través de un comunicado, el Ministerio de Gobierno responsabiliza a Mesa por las muertes de octubre de 2003 y lamenta la negativa de ser testigo en el juicio civil que hubiera permitido la culpabilidad de Gonzalo Sánchez de Lozada y el pago de la indemnización a los familiares de las víctimas.
El Ministerio considera que la posición de Carlos Mesa busca distraer algunas respuestas con relación al gasto de 20 millones de dólares en los denominados “gastos reservados durante las gestiones 2003-2005, cuyos informes fueron quemados por efecto del DS 27345 de 2004.
“Cuál fue su condición para ir como candidato a la Vicepresidencia con Gonzalo Sánchez de Lozada? ¿De dónde obtuvo cerca de 1.3 millones de dólares que le permitieron sacar de la crisis económica que atravesaba la red PAT y de la cual era accionista?, pregunta el Ministerio.
Cuestiona también su participación y de los tres ministros de entonces en el caso denominado Quiborax y los motivos por los cuales se incumplieron leyes e incluso se emitió un Decreto Supremo ilegal que derivó en una controversia, que favoreció a una empresa chilena con 48.6 millones de dólares.
Se suma también a las observaciones a los 22 viajes que realizó a Lima y San Pablo durante el proceso de contratación de la brasileña Odebrecht por la carretera Roboré-El Carmen. ¿Qué hacía el entonces presidente de Bolivia viajando en los momentos claves de este proceso de contratación y en días muy cercanos a las fechas de los pagos? ¿Coincidencias o corrupción?
Considera que Mesa tiene mucho que explicarle a Bolivia sobre hechos de corrupción, de impunidad por muertes de decenas de bolivianos, de violación a la soberanía del país y la entrega del país a intereses capitalizadores durante su rol presidencial.
El Ministerio de Gobierno acusa a Carlos Mesa de no tener moral política para observar ningún accionar de las autoridades del gobierno nacional y menos comparar el actuar del Ministro Romero con los otrora aliados que ocasionaron tanto “daño y muerte” al país.
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