Revelan que convenio divide pago entre todas las víctimas

Un convenio interno firmado entre las víctimas de octubre obligaría a distribuir entre las 64 familias que conforman la Asociación, el monto final del resarcimiento una vez se cubran las deudas con los abogados que patrocinaron y financiaron el viaje y estadia de las víctimas a Estados Unidos, reveló este martes el presidente de las víctimas, Juan Patricio Quispe.

“Eventualmente nos han indicado que en Estados Unidos es, evidentemente, para las ocho personas;  pero acá en Bolivia es para toda nuestra organización. Así lo  hemos entendido porque hemos firmado acuerdos y todo eso se hará prevalecer en el tiempo que se puede acceder a eso (el pago)”, declaró en Plaza Murillo, horas después de conocer el veredicto del jurado norteamericano que atendió el juicio contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín.

Explicó que existe un convenio interno inclusive con  los abogados de Estados Unidos, a quienes se debe pagar primero para cubrir los gastos erogados, cuyo monto tampoco se conoce y, por tanto, no existe una cifra para decir cuánto tocará a cada una de las 64 personas, de las cuales 4 son por familiares heridos y 60 por fallecidos.

Por su lado el abogado de las víctimas Rogelio Mayta dijo es prematuro hablar cuánto recibirán las familias afectadas porque se debe esperar que Gonzalo  Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín se refugien en recursos legales que pueden llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

“Hablar de dinero es prematuro, buscamos justicia; esto es un hecho que ya no se puede cambiar. Un agradecimiento a todo el pueblo boliviano” dijo al señalar que esperaban el fallo con algún pesimismo,  porque sus propios abogados les dijeron desde Estados Unidos que deberían estar preparados para perder.

Indicó que el proceso fue impulsado en base a acuerdos con diferentes instituciones de EEUU para financiar el patrocinio de los abogados,  entre ellos el programa de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, el Centro de Derechos Constitucionales, y una firma de abogados que no solamente aportaron con su trabajo, sino facilitaron el traslado y la estadía de las víctimas en Estados Unidos.