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La oposición política lamentó este viernes que el Gobierno y los operadores políticos del MAS recién se hayan dado cuenta, diez años después, que las cooperativas mineras realizan operaciones de explotación al margen de la ley, sin considerar que durante ese tiempo, encubrieron todos los actos de ilegalidad y daños ambientales.
El senador opositor Carlos Pablo Klinsky (UD) dijo que Gobierno y cooperativas “fueron socios durante diez años y entonces no se denunciaba evasión de impuestos ni violaciones ambientales. Ahora que ya no están con el Gobierno empiezan a encontrarles delitos. Eso se llama dictadura”, declaró.
Indicó que lo mismo ocurre con los decretos sobre el uso de la dinamita, que en principio se permitió a los cooperativistas utilizar los explosivos para fines políticos, incluso para forzar el segundo referendo. Sin embargo, ahora que ya son aliados políticos, se emite un decreto que prohíbe el uso en las movilizaciones callejeras.
La diputada Norma Piérola del PDC manifestó que los decretos de supuesta corrección a las cooperativas, significa una confesión de encubrimiento a la ilegalidad, por conveniencia política, porque ahora que las cooperativas no sirven, se ponen a exigir requisitos que debieron hacerlo once años atrás.
La expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, opinó que la gestión de Gobierno en el tema de las cooperativas, refleja una incoherencia y manipulación de la ley de acuerdo a los grupos de poder, porque “un día, por intereses es legal, otro día es ilegal, y no basta decir nos equivocamos”.
“Nunca debieron someter la política estatal al capricho de un grupo social; intercambiaron esos favores por votos; jamás debieron someter los recursos naturales a un grupo al que ahora no sólo desconocen, sino descabezaron con detenciones a los dirigentes y algunos muertos de sus bases. Eso se llama acciones de intereses político-partidarios y no gestión estatal”, manifestó.
Delgado considera que si el Gobierno quiere poner todo en orden, primero debe reconocer y cumplir la Constitución Política del Estado. “¿Y ahora qué?: Cinco muertos 10 dirigentes en la cárcel y los mismos gobernantes jugando a que fueron obligados”, comentó.
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