La CIDH pide suspender condena a rivales de Correa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido este lunes al Gobierno de Ecuador que suspenda la ejecución de las condenas a prisión e indemnización económica por injurias al presidente del país, Rafael Correa, que el pasado 23 de marzo fue ratificada, contra el asambleísta Cléver Jiménez, líder del movimiento Pachakutik, y sus colaboradores, el periodista Fernando Villavicencio y el sindicalista Carlos Figueroa. Los comisionados entienden que con esa sentencia no sólo se pone sordina al derecho a la libertad de expresión de los peticionarios, sino que se ejerce un peligroso efecto disuasorio respecto de otras personas que pudieran tener intención de denunciar supuestos actos de corrupción del funcionarios públicos ecuatorianos, informa El País.

El abogado Julio César Sarango, que representa a los tres procesados por el presidente Rafael Correa, espera que la Corte Nacional de Justicia suspenda la aplicación de la sentencia. “Los jueces tienen que acatar los convenios internacionales que están al nivel de la Constitución y sobre las leyes”, ha dicho a EL PAÍS. La semana pasada, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, soslayó la aplicación de otras medidas cautelares de la CIDH a favor del alcalde Gustavo Petro, alegando que la Convención era un derecho subsidiario, desatando un debate sobre la obligatoriedad o no de esa tutela. Sarango ha añadió que el asambleísta Jiménez seguirá en la provincia a la que representa, Zamora Chinchipe, hasta conocer el pronunciamiento de la Corte. “El presidente puede o no aceptar la disposición de la CIDH, es la justicia ecuatoriana la que se debe pronunciar, ahora veremos si la justicia tiene independencia”.

El pasado 14 de enero, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dictaba sendas condenas de prisión de 18 años para Jiménez y Villavicencio, y seis meses para Figueroa, así como una indemnización económica equivalente al salario mensual del presidente de la nación por cada uno de los meses transcurridos desde la presentación de su denuncia (unos 140.000 dólares) y una disculpa pública por injurias contra el presidente cometidas con ocasión de la denuncia que los tres presentaron el 4 de agosto de 2011 en el que se acusaba a Correa de haber ordenado, supuestamente, la incursión armada al hospital de la Policía durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.

El pasado 14 de enero, la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana dictaba sendas condenas de prisión de 18 años para Jiménez y Villavicencio, y seis meses para Figueroa, así como una indemnización económica equivalente al salario mensual del presidente de la nación por cada uno de los meses transcurridos desde la presentación de su denuncia (unos 140.000 dólares) y una disculpa pública por injurias contra el presidente cometidas con ocasión de la denuncia que los tres presentaron el 4 de agosto de 2011 en el que se acusaba a Correa de haber ordenado, supuestamente, la incursión armada al hospital de la Policía durante la revuelta del 30 de septiembre de 2010.

La semana pasada, quedó confirmada la sentencia cuya ejecución, sin embargo, la CIDH ha pedido que se suspenda, mediante el otorgamiento de medidas cautelares, en tanto que pasa a conocer el fondo del asunto, por entender que se dan los requisitos de urgencia, gravedad y daño irreparable contra el derecho a la libertad de expresión de los condenados. Para la Comisión, “la severidad de las condenas penales y civiles impuestas a los beneficiarios por expresiones utilizadas al denunciar ante las autoridades hechos que, a su entender, configuraban conductas punibles del presidente”, son determinantes de la gravedad; la urgencia subyace en el hecho de que ya se han emitido las órdenes de encarcelación –el pasado 21 de marzo-. La irreparabilidad la determina el hecho de que la pena de prisión impide que los peticionarios puedan “continuar trabajando como lo venían haciendo en ejercicio de su libertad de expresión”.

La Comisión llama la atención, además, del efecto intimidatorio que este tipo de condenas por injurias a funcionarios públicos puede tener en otros legisladores y periodistas y “en todas las personas que pretendan denunciar a funcionarios públicos ante las autoridades competentes”, una circunstancia que abunda en la merma del ejercicio de control social en casos de corrupción de las autoridades. El propio Villavicencio denunciaba esta circunstancia el pasado mes de enero durante una entrevista a EL PAÍS. “la condena está dirigida a toda la cúpula crítica del país que maneja información”

A parte del cercenamiento de la libertad de expresión, la CIDH hace notar que en el caso de Jiménez, la pena de cárcel también constriñe sus derechos políticos por suponer, por su duración, la pérdida de su cargo en la Asamblea Nacional.

En las redes sociales, uno de los primeros en reaccionar ha sido Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe por el partido indígena Pachakutik. “Sabíamos que la CIDH iba a decidir sobre la sentencia ilegal en contra de Jiménez. Esperamos que se respete esta resolución de la CIDH”, escribió en un tuit y en los siguientes explicó que la gente de su partido no ha interferido con la justicia al proteger al asambleísta. “Quien interfiere en la administración de justicia es el gobierno nacional. Dice cómo y cuándo debe sentenciarse a sus detractores”.

Pugna de Correa con la CIDH

No es la primera vez que la CIDH llama la atención a Ecuador por sus ataques a la libertad de expresión. En 2012, los comisionados otorgaron medidas cautelares a los directivos del diario El Universo, tras ser condenados por injurias y calumnias contra Correa a tres años de prisión y una multimillonaria multa, por el artículo No a las mentiras. Esta decisión por parte de la CIDH y las múltiples denuncias por las continuas amenazas a la libertad de prensa emitidas por la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión –acrecentadas tras la promulgación de la Ley de Medios- han soliviantado al presidente ecuatoriano hasta el punto de dirigir la cruzada por silenciar a esa relatoría y mermar las capacidades de la propia comisión a través de la reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la que, finalmente, no se impusieron los presupuestos defendidos por el mandatario.

El año pasado, tras publicarse contundente informe sobre libertad de expresión en Ecuador en 2012 de dicha relatoría, Correa calificó su contenido de “payasadas” y solicitó a su canciller, Ricardo Patiño, que tomara medidas “ante la OEA, ante la CIDH, para denunciar esas payasadas, adefesios… Esto sí es corrupción, están defendiendo las corruptelas de cierta prensa”, señaló.

El presidente ecuatoriano es el mandatario que más juicios ha impulsado por delitos de daño moral, injurias o falso testimonio (14), de acuerdo con la web de Función Judicial. En el caso de Jiménez, Villavicencio y Figueroa, las acciones del Gobierno ecuatoriano fueron más allá de las denuncias. El 26 de diciembre, la policía llevaba a cabo sendos registros en los domicilios y las oficinas del político opositor y el periodista, en los que se incautaron de material informático y documentos sobre otras investigaciones. Un día después, Correa amenazó con iniciar diligencias criminales como consecuencia del material incautado. “Se han descubierto cosas muy graves que en su momento y de acuerdo al debido proceso las sabrá el país”, señaló a través de su cuenta de Twitter el presidente.

La recreación del allanamiento que el caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, plasmó en una de sus viñetas, convirtió al dibujante en la primera víctima de la polémica Ley de Medios. El Superintendente de Información y Comunicación le impuso la obligación de rectificar –algo que hizo con mucho humor-. Precisamente Bonil estará esta semana en Washington para abordar la situación de la libertad de expresión en su país con ocasión del 150 periodo de audiencias de la CIDH.