Un ataque a sirios evacuados causa más de 120 muertos

Al menos 126 personas, entre ellos 68 niños, han muerto y decenas más resultaron heridas el sábado cerca de Alepo a consecuencia de la explosión de un vehículo cargado con explosivos junto a los convoyes que llevaban a cabo la evacuación pactada el viernes por el régimen y los rebeldes de Siria, según el balance de víctimas actualizado el domingo por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.

El acuerdo tenía como objetivo el traslado a zonas seguras de unos 30.000 civiles y combatientes desde cuatro poblaciones asediadas, dos en manos del Gobierno y otras dos en poder de la oposición. La gravedad del estado de muchos de los heridos hace temer que se incremente aún más el balance de víctimas mortales.

Imágenes de una web local difundidas por la agencia Reuters mostraban varios cadáveres, entre ellos los de varias mujeres y niños, junto a varios autobuses humeantes, así como decenas de heridos, algunos con miembros amputados por la onda expansiva, en uno de los atentados más graves registrados en el conflicto sirio. Testigos del ataque relataron a un periodista de France Presse que una furgoneta supuestamente cargada con ayuda humanitaria se había empotrado contra un convoy, formado por unos 75 autocares, antes de que estallara.

La operación de desplazamiento de población sitiada había quedado paralizada en la mañana del sábado en Rachidin, en un área insurgente situada al oeste de Alepo, ciudad controlada en su totalidad por el régimen desde el pasado diciembre. Las discrepancias sobre el número de milicianos armados que podían ser transportados parecían ser la causa del bloqueo.

Unos 5.000 evacuados desde las localidades chiíes gubernamentales de Al Fua y Kefraya (Idlib, noroeste) se hallaban retenidos en punto donde se produjo la explosión. El Observatorio precisó la gran mayoría de las víctimas mortales procedían de ambas poblaciones, aunque también perecieron algunos miembros de las unidades de la oposición que vigilaban la caravana o formaban parte de equipos de ayuda humanitaria.

Otros 2.200 civiles y combatientes procedentes de los pueblos suníes insurrectos de Madaya y Zabadani, en la provincia de Damasco, se encontraban también retenidos por las tropas leales al presidente Bachar el Asad en Ramusa, un nudo de carreteras de la periferia suroeste de Alepo. La evacuación se reanudó en ambas zonas al anochecer del sábado.

Las cuatro localidades evacuadas se encontraban asediadas desde 2015 por las respectivas fuerzas enemigas. El acuerdo para el traslado de la población fue alcanzado el pasado marzo con la mediación de Irán, aliado del Gobierno, y de Qatar, que apoya a la oposición, aunque no había podido ponerse en marcha hasta ahora ante la desconfianza generada entre los contendientes tras más de seis años de guerra civil.

Está previsto que los partidarios de la oposición se trasladasen a la provincia de Idlib, el principal feudo insurgente en el norte de Siria, en tanto que los de las zonas gubernamentales cercadas deben dirigirse a Alepo, Latakia o Damasco. Entre los evacuados viajan un gran número de mujeres, niños y ancianos, así como centenares de combatientes gubernamentales e insurgentes autorizados a conservar sus armas ligeras. El régimen y los rebeldes intercambiaron acusaciones sobre la autoría del atentado, que aún no ha sido reivindicado.

Naciones Unidas ha intentado llevar ayuda humanitaria a las poblaciones asediadas, pero apenas ha conseguido enviar unos pocos convoyes con alimentos y medicinas desde 2015. Los casos de desnutrición y enfermedades se han multiplicado. Unas 600.000 personas viven en zonas sitiadas por tropas enemigas y cerca de cinco millones de sirios se encuentran en zonas de difícil acceso a causa de la guerra.

En los últimos meses, el régimen de El Asad ha ofrecido a los rebeldes una serie de “acuerdos de reconciliación local” para que abandonen los reductos cercados acompañados por sus familias. A cambio de que les sea garantizado el paso hasta los principales feudos de la insurgencia, deben entregar unas posiciones que obligaban al Ejército a distraer fuerzas de los principales frentes de combate.

La oposición denuncia que los sitiados se ven obligados por el hambre y las privaciones a aceptar pactos que están desencadenando una “limpieza” de rebeldes suníes en zonas alauíes (rama del islamismo chií) controladas por el Gobierno, lo que constituye un crimen de guerra.

En una entrevista publicada el jueves por France Presse, El Asad aseguró que los movimientos de población iban a ser provisionales y los residentes podrían regresar a sus ciudades una vez “limpiadas de terroristas (rebeldes, según la denominación del régimen)”. Tras las evacuaciones masivas de civiles en Homs (2015) y en el este de Alepo (2016) las áreas abandonadas por los insurrectos se han convertido en distritos despoblados.

Tomado de El País.