Presidente filipino Duterte quiere que matar a niños "criminales" sea legal

El panorama que pintan las organizaciones de derechos humanos es muy sombrío: decenas de muertos diarios, ejecutados por la policía o por asesinos a sueldo de las autoridades. Agentes matando a sangre fría a sospechosos que ya se han rendido, y robando en las casas de las víctimas. Una economía informal alrededor de esos asesinatos. Y por encima de todo ello, un presidente animando a que suceda. A matar a camellos y yonquis. Bienvenidos a las Filipinas de Rodrigo Duterte.

Según un informe de Amnistía Internacional publicado a finales de enero, existen poderosos incentivos económicos para que los agentes ejecuten a los presuntos traficantes de drogas, y ninguno para que los arresten. “La cantidad oscila entre 8.000 pesos [161 dólares de EE. UU.] y 15.000 pesos [302 dólares]. [...] Esa cantidad es por cabeza. De modo que si la operación es contra cuatro personas, son 32.000 pesos [644 dólares]. [...] Nos pagan en efectivo, en secreto, las jefaturas. [...] No hay incentivos por detener. No nos pagan nada”, señala un oficial con una década de experiencia, en el citado informe. El resultado ha sido el que cabría esperar: de acuerdo con datos de la propia policía, más de 7.000 personas han muerto desde julio en la “guerra contra las drogas” lanzada por Duterte tras ganar las elecciones. Más de mil personas al mes.

Las víctimas suelen proceder de entornos desfavorecidos en los que el menudeo con droga suele ser la única forma de impulsar las economías familiares, o donde abundan las adicciones y el consumo de estupefacientes. “Esto no es una guerra contra las drogas, sino una guerra contra los pobres. Basándose a menudo en los indicios más endebles, se mata por dinero a personas acusadas de consumir o vender drogas, en una economía del asesinato”, ha afirmado Tirana Hassan, directora del programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional. “Con el gobierno del presidente Duterte, la Policía Nacional infringe las leyes que supuestamente ha de hacer respetar, al tiempo que saca provecho del asesinato de personas empobrecidas cuya situación supuestamente el gobierno debería mejorar. Las mismas calles que Duterte prometió limpiar de delincuencia están ahora llenas de cuerpos de personas que han sido víctimas de homicidios ilegales cometidos por su propia policía”.

Y la cosa va a empeorar. Ahora, el Gobierno filipino está tratando de impulsar una ley que reduzca la edad de responsabilidad criminal desde los 15 hasta los 9 años. El objetivo, según Duterte, es impedir el florecimiento de “una generación de criminales”. A los menores delincuentes, asegura, “se les debe enseñar responsabilidad”. En el contexto actual de Filipinas, muchos temen que el resultado sea dar luz verde a policías y escuadrones de la muerte para matar niños.

“La guerra contra las drogas ha sido violenta: se han usado la tortura, las ejecuciones sumarias y los asesinatos extrajudiciales para erradicar a los sospechosos de utilizar drogas”, indica Rowena Legaspi, directora ejecutiva del Centro de Desarrollo y Derechos Legales de los Niños, al diario “The Washington Post”. Según Legaspi, la ley es un intento de ampliar dicha campaña “criminalizando a los menores y legitimando la violencia estatal y paraestatal contra los niños”.

Los niños ya son víctimas

No es que la situación no se haya cobrado ya numerosas víctimas infantiles, a menudo pequeños delincuentes menores de edad o víctimas de balas perdidas en los tiroteos con las autoridades. En agosto, dos niños de 4 y 5 años murieron por disparos de la policía en diferentes operaciones antidroga. Preguntado por estas muertes meses después en una entrevista con Al Jazeera, el presidente los calificó de “daños colaterales”.

“Tenemos tres millones de drogadictos, y la cifra va en aumento. Así que si no enfrentamos este problema, la próxima generación tendrá un problema serio”, declaró. “En mi país, no hay ninguna ley que diga que no puedo amenazar a los criminales. No me importa lo que digan estos tíos de los derechos humanos. Tengo el deber de preservar a esa generación. Si hay derechos humanos de por medio, me importa una mierda. Tengo que instilar el miedo”, afirmó.

Para ello no ha dudado en silenciar a los críticos por medios más que discutibles. La senadora Leila de Lima, que ha calificado a Duterte de "asesino en serie" por su política antidrogas y sus vínculos con escuadrones de la muerte, fue arrestada hace cinco días acusada, precisamente, de traficar con drogas. "Al arrestar a la senadora De Lima bajo cargos de narcotráfico de motivación política, el presidente Duterte está expandiendo su 'guerra contra las drogas' desde los pobres urbanos hasta la rama legislativa del Gobierno. No solo el Congreso, sino otros pilares de la democracia filipina, desde la prensa hasta la judicatura, deberían estar muy preocupados", ha declarado Phelim Kine, subdirector de Asia-Pacífico en la ONG Human Rights Watch.

Duterte, denominado a veces “el Trump filipino”, es conocido por sus declaraciones incendiarias (que incluso le han llevado a provocar algún incidente diplomático con la Administración de Barack Obama, a quien llamó "hijo de perra"). Nunca ha negado su papel en la promoción de asesinatos extrajudiciales, especialmente durante los años en los que ejerció como alcalde de la ciudad de Davao, y ha alardeado de haber cometido alguno de ellos personalmente, e incluso de haber arrojado a sospechosos de helicópteros. Durante su último acto de campaña, prometió a la multitud: “Si llego al palacio presidencial haré lo mismo que hice siendo alcalde. Hey, camellos, atracadores y parásitos, mejor marchaos porque os voy a matar”.

Pero la escalada de violencia resultante no tiene parangón ni siquiera en la convulsa historia reciente de Filipinas, incluso durante la dictadura de Ferdinand Marcos, cuyos escuadrones de la muerte cometieron unos tres mil asesinatos políticos a lo largo de dos décadas. Tal y como señala el citado informe de Amnistía Internacional, el Relator Especial de la ONU para Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales, los actos del presidente pueden ser considerados “una incitación a la violencia y al asesinato”, un crimen condenado por la legislación internacional. La fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha indicado que su oficina podría iniciar una investigación, lo que, eventualmente, podría acabar con Duterte siendo juzgado en La Haya.

Pero el presidente filipino, lejos de asustarse, parece querer redoblar la apuesta con esta nueva ley. Si nada cambia, los cadáveres ensangrentados que estos días brotan por decenas sobre las aceras de las principales ciudades de Filipinas serán cada vez más jóvenes.

FUENTE: El Confidencial