Dilma está resignada a ser alejada del poder en Brasil

Desolada y resignada a ser apartada de su cargo por el Senado en diez días, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, buscó revitalizar su relación con los grupos de izquierda, que serán fundamentales para la siguiente batalla contra el impeachment. En un acto por el Día del Trabajador en San Pablo, la jefa de Estado anunció concesiones a los sindicatos y movimientos sociales, que se comprometieron a acompañarla en las calles con todo tipo de medidas de fuerza para restituirla en el poder si es necesario.

"Voy a resistir y luchar hasta el final. Ésta es una lucha por la resistencia, contra la pérdida de derechos, una lucha a favor de las conquistas sociales, una lucha por la democracia", subrayó Dilma ante unas 100.000 personas que tapizaban el parque Vale do Anhangabaú, en el centro paulistano, como parte de una movilización en todo el país por el 1° de mayo, organizada por el oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de Trabajadores (CUT) -la mayor organización sindical del país- y grupos como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

"¡No habrá golpe!" y "¡Dilma, guerrera del pueblo brasileño!" vivaban los manifestantes a la ex guerrillera devenida en la primera presidenta mujer de Brasil. "Luché como ustedes mi vida entera. Ahora es una lucha mucho más amplia", dijo Dilma, vestida con un saco rojo, el color petista.

Ante la multitud de izquierda, que hasta hace muy poco expresaba su desencanto del gobierno por las políticas de austeridad implementadas desde que Dilma asumió su segundo mandato, a principios del año pasado, la jefa de Estado aprovechó para anunciar un "paquete de bondades" que atienden reivindicaciones sociales de larga datsEa.

Señaló que aumentará en un 9% las cuotas de asistencia del popular programa Bolsa Familia, que se ocupa de unos 47 millones de los brasileños más pobres; garantizó una rebaja en el impuesto a la renta sobre los asalariados; aseguró que extenderá de cinco a 20 días la licencia de paternidad para los empleados públicos, y prometió más recursos para la agricultura familiar. La semana anterior había divulgado la renovación del plan de viviendas Minha Casa, Minha Vida y la ampliación del programa Más Médicos.

El mentor político de Dilma, el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, máximo líder petista, también debía participar del evento en San Pablo, pero canceló su presencia a último momento por recomendación médica: estaba ronco y le aconsejaron que después del cáncer de laringe que sufrió debía cuidarse. Actos similares se replicaron en 15 estados del país, pero con mucha menor adhesión.

El destino de Dilma ahora está en manos del Senado, tras la abrumadora votación de la Cámara de Diputados el 17 de abril, cuando se decidió abrir el proceso de impeachment contra ella por manipulación de las cuentas fiscales con el fin de esconder el déficit en los últimos años y asegurarse la reelección en 2014.

Para el gobierno, se trata de un "golpe institucional" encabezado por el vicepresidente Michel Temer y el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, ambos del hasta hace poco mayor aliado del PT, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y acusados de beneficiarse del esquema de corrupción en Petrobras.

El 11 de este mes, el plenario del Senado deberá votar si acepta o no el pedido de los diputados, para lo cual será necesaria una mayoría simple de los 81 senadores (se calcula que ya se inclinan en esa dirección al menos 50 legisladores).

Si el impeachment es aprobado, Dilma deberá dejar de inmediato su cargo por hasta 180 días, mientras dure el juicio en la Cámara alta, y Temer asumirá el poder de forma temporal. Si Dilma fuera luego condenada por los senadores -se necesitarán para ello 54 votos-, Temer quedaría como presidente hasta el final del mandato actual, el 31 de diciembre de 2018.

"Ahora tenemos por delante la primera batalla, pero la más importante será la final. Y nos prepararemos con todo para ella", advirtió a LA NACION el ministro de Educación, Aloisio Mercadante, uno de los principales asesores de Dilma.

En ese sentido se expresaron los líderes de los sindicatos y movimientos sociales que pasaron por el escenario. "Si rompen la Constitución, el pueblo brasileño tiene el derecho democrático a la desobediencia civil. Eso significa no reconocer el gobierno golpista [de Temer] y construir un gobierno paralelo de la clase trabajadora", señaló Gilmar Mauro, coordinador nacional del MST. "Estaremos en las calles de todo el país para resistir ese gobierno ilegítimo y restituir a Dilma en el poder", apuntó Vagner Freitas, presidente de la CUT.

Sobre el parque, los militantes asentían. "Hay que convocar a huelgas generales, paralizar las fábricas, las escuelas, los negocios. Temer no tendrá paz", dijo a LA NACION la cocinera Ilma Menezes.

"Tenemos que estar alertas, movilizar a nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, tomar todos los espacios posibles hasta que esos ladrones corruptos devuelvan la presidencia a Dilma", apuntó por su parte el economista Flavio França Pinto, de 66 años, mientras desde el palco se llamaba a invadir tierras y ocupar edificios públicos para "defender la democracia y la Constitución".

No muy lejos de allí, en la plaza Campo de Bagatelle, otras centrales sindicales pro impeachment, lideradas por Fuerza Sindical (FS), realizaban su propia "conmemoración" por lo que según ellos será "un nuevo comienzo para Brasil". Al enterarse de los anuncios de Rousseff, el líder de FS, el diputado Paulo Pereira da Silva, del partido opositor Solidaridad, descalificó las medidas como señales de desesperación de un gobierno que ya se acabó.