Indígenas
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Según el CRIC, el pasado viernes 6 de febrero, tras concluir su jornada de trabajo, Silva y Velasco, se dirigieron a un bar de la ciudad de Santander de Quilichao (Cauca) donde ambos fueron vistos por última vez.
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Máxima Acuña de Chaupe y su familia disputan hace cuatro años con la empresa Yanacocha la propiedad de un terreno en la zona de Tragadero Grande, localizada en la región Cajamarca, en la sierra norte del Perú.
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El informe corresponde al presidente de esa organización indígena, Emilio Noza, quien señaló que en dicha población sólo la zona de pastoreo está inundada, pero dijo no es de gravedad como se ocurrió en 2014, durante estas fechas.
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La declaración del dirigente colonizador se da días después de que el presidente Evo Morales insistió en el MAS hay gente infiltrada, en alusión a las diferencias que surgió en el oficialismo, tras la selección de candidatos para las subnacionales del 29 de marzo.
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El exdirigente de la Confederación de Campesinos y actual candidato a gobernador de Chuquisaca por una agrupación ciudadana, Damián Condori, pidió a Rodolfo Machaca que no divida a la FUTPOCH. Dijo que solo fue suspendido y que podía volver a la CSUTCB.
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El comité ad hoc a la cabeza de Fausto Escalante tomó en diciembre de 2014 las oficinas de la FUTPOCH, en Sucre. Según radio Aclo de la Red Erbol, la CSUTCB reconoció anteriormente a Velásquez como el ejecutivo electo orgánicamente, pero este lunes cambió de posición.
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El reporte corresponde a radio María Auxiliadora de la Red Erbol y de acuerdo con el mismo, los campesinos, en un Ampliado del pasado fin de semana, resolvieron destituirlo, luego de que Orcko pidió licencia.
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Ileana Alamilla, directora de la agencia, señaló que la mayoría de información publicada por los diarios de mayor circulación está relacionada a la conflictividad social, los sucesos y nota roja y en pocas ocasiones se habla sobre sus reivindicaciones de los pueblos.
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El reporte corresponde a radio Santa Cruz de la Red Erbol y según el mismo, el referendo tendrá un costo de 263 mil bolivianos, que debe ser reembolsado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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Según Veizaga, los casos fueron elevados al Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), pero los adultos mayores se quejaron porque supuestamente no quisieron ayudarlos.