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Ante posibles determinaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la sanción al voto cruzado, que anunció la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se aplicará en las elecciones del 12 de octubre a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), el principal dirigente de este sector, Damián Condori, pidió a esa instancia respetar la decisión que fue tomada como parte de la democracia comunitaria intercultural.
Dijo que están dispuestos a encarar las sanciones que puedan tener, pero también que tanto el TSE como otras entidades deben estar sujetas a las penes que ellos adopten como parte de la justicia indígena originaria.
“El Tribunal Electoral tiene que estar sujeto a la justicia indígena originaria campesina porque tenemos nuestras propias normas de respetarnos, como nosotros respetamos sus determinaciones en la parte penal, así también los órganos del Estado nos tiene que respetar”, declaró Condori en contacto telefónico con Erbol.
Indicó que la decisión de castigar el voto cruzado, es una determinación que las bases adoptaron y no una posición personal, como parte de la democracia comunitaria intercultural, para un autogobierno de los campesinos con una victoria de la MAS en los comicios de fin de año.
Recordó que el “voto línea” para el MAS viene desde el 2005 y por lo tanto es determinación de la CSUTSB en consenso y no se trata de una dictadura.
“Nuestro voto es voto en línea, no vamos a hacer voto cruzado, tampoco estamos permitidos para fomentar, decir que ‘hay que votar para el Evo, pero no para el diputado’, entonces ¿Qué clase de campesinos podemos ser?”, afirmó.
Datos
Según la Ley 026 de Régimen Electoral, si un servidor público o persona particular indujera a emitir el voto por un determinado candidato u organización política será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a tres años.
La vocal del TSE, Dina Chuquimia, señaló que si una persona quiere obligar a otra o a una comunidad a votar por una determinada agrupación política, comete el delito de coacción electoral que debe ser investigado de oficio por el Ministerio Público el día de los comicios.
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