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“El Estado debe cobrar a las empresas mineras el uso del agua que realizan, para que no sea la población civil la que pague sus consumos de agua”, es el pedido que hace el Movimiento Franciscano del país a las mineras que operan en Bolivia, pese a que el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia lo impide.
Entre algunas de las conclusiones de la XXX Asamblea Nacional del Movimiento Franciscano Justicia y Paz, se hace conocer que la actividad extractiva no sólo contamina el agua, sino también la tierra del entorno por donde discurre, haciéndola improductiva.
Se cuestiona que leyes aprobadas por el actual gobierno favorecieron al crecimiento de la explotación de los recursos naturales minerales, por parte de la minería mediana y las cooperativas.
“Hemos conocido que el alto valor de los minerales en el mercado mundial han supuesto grandes ingresos económicos, pero solamente aportan el 9% de lo que declaran producir, al Tesoro General de la Nación”, señala la Resolución del Movimiento Franciscano.
En el documento también se encuentran las siguientes recomendaciones:
- Cada país tiene derecho a explotar sus recursos naturales de la manera que mejor le parezca, pero respetando y cumpliendo las propias leyes que favorecen el bien común y especialmente a los sectores más empobrecidos.
- El uso del agua es un derecho humano y se debe priorizar su consumo para las necesidades humanas y para el riego que permite la producción de alimentos.
- Las empresas mineras, para que se aprueben sus solicitudes de concesiones para la explotación minera, deben hacer un estudio del impacto ambiental y garantizar el reciclaje y purificación de las aguas utilizadas, para hacerlas nuevamente potables para los usos requeridos.
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