Ineficaz política de compra de tierras indígenas

A pesar de que la Ley Indígena lleva 22 años de vigencia, ha sido ineficaz para reconocer y compensar las demandas de los pueblos ancestrales. La norma contempló, entre otras materias,  la creación de fondos especiales para la compra de tierras reclamadas por las comunidades indígenas, pero en la práctica ello se ha prestado para situaciones irregulares que han terminado por desfigurar el sentido de este mecanismo. La venta de predios bajo presión es sólo un ejemplo de ello; también existen abundantes antecedentes de escandalosos sobreprecios o el uso de triquiñuelas como la creación artificial de comunidades indígenas para acceder a más tierras.

Así, la política pública de compra de tierras ha devenido en un fracaso, pues no ha logrado solucionar el conflicto en las zonas donde existen reclamaciones de las comunidades indígenas -por el contrario, ha contribuido a potenciar el conflicto-, y tampoco ha sido un instrumento que haya traído mayor prosperidad a las comunidades. Es obvio entonces que este instrumento  debería ser profundamente reformulado, para avanzar hacia un sistema más expedito y transparente que indemnice o compense a aquellas comunidades que poseían títulos legítimos de dominio entregados o reconocidos por el Estado y que en algún momento fueron desconocidos o pasados a llevar por su propia acción, o arbitrariamente vulnerados por la acción de particulares.

Entre 1994 y 2013 se han gastado más de $ 239 mil millones en la compra de tierras, con más de 160 mil hectáreas traspasadas a las comunidades indígenas. Un examen más en detalle de las cifras revela que el precio promedio pagado por hectárea se ha duplicado en menos de una década; asimismo, aquellas comunidades en conflicto han recibido en promedio mayor cantidad de tierras -del orden de 12 hectáreas- respecto de aquellas comunidades “pacíficas” -6,8 hectáreas-. Es evidente que se ha creado un mercado especulativo que ha elevado artificialmente el valor de los predios, y la debilidad institucional ha llevado a que las vías de hecho hayan pasado a ser un mecanismo de negociación más efectivo.

La propia Ley Indígena ha introducido distorsiones que deben ser corregidas. Una de las más evidentes es la facilidad para constituir comunidades indígenas. Así, bastan apenas 10 personas para constituir una comunidad, alterando el espíritu de la normativa que busca reconocer a una misma etnia. Esto ha llevado a una proliferación de comunidades -a nivel nacional ya son más de 3.500-, las que, además de reclamar tierras, a su vez se subdividen o incorporan nuevos miembros, multiplicando la demanda por territorio. También ha probado ser perjudicial la estructura jurídica que la ley obliga a las comunidades, con presidentes, secretarios y tesoreros, cargos que al ser ajenos a su tradición trastocan el sentido más profundo de una comunidad y  debilitan el valor de sus autoridades ancestrales, como los lonkos. También debería revisarse  la restricción que se ha colocado sobre tierras “no indígenas”, las que no pueden ser comercializadas libremente por un plazo de 25 años. Ello probablemente ha favorecido la tenencia de tierras improductivas.

Este conjunto de antecedentes justifican revisar la ley, pero inexplicablemente ni el Congreso ni el Ejecutivo han mostrado disponibilidad para ello, limitándose en la reciente Ley de Presupuestos a introducir una insólita glosa que impide a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) adquirir tierras que se encuentren tomados por comunidades indígenas. (Entornointiligente)