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El Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (Odhain), integrado por siete entidades de la sociedad civil, denunció ante la prensa el uso "inusual y desproporcionado de la fuerza" durante un allanamiento judicial en la comunidad indígena de Salitre, de la etnia bri-bri, el 6 de noviembre.
Más de 100 agentes armados, fiscales y jueces, ingresaron a la localidad, a unos 210 km al suroeste de San José, para detener al líder local Sergio Rojas, por una supuesta administración fraudulenta.
Marcela Zamora, de Odhain, relató que "decenas de niños fueron inmovilizados durante varias horas, sin poder tomar alimentos o ir al baño. Estudiantes de secundaria que tenían exámenes de bachillerato ese día no pudieron salir de sus casas", contó.
Los policías derribaron las puertas de las viviendas y dañaron bienes de los campesinos, a quienes trasladaron forzadamente hasta la Fiscalía de la localidad cercana de Buenos Aires de Puntarenas.
Para Odhain, el episodio se inscribe en una situación de violencia contra los indígenas, causada por terratenientes que intentan invadir y apropiarse de sus territorios.
En julio, unas 150 personas invadieron esta zona, dispararon armas de fuego, quemaron viviendas y campamentos comunitarios, para forzar a los indígenas a huir.
A raíz del incidente, el gobierno nombró una comisión encabezada por la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriela Zúñiga, para que intentara resolver el conflicto.
En una declaración grabada, Zúñiga aseguró este lunes que "se ha reforzado la presencia policial" en la zona y que "el gobierno sigue en el proceso de diálogo" con los indígenas, además expresó su voluntad de cumplir la ley indígena y recuperar las tierras.
La Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano, había denunciado el viernes que ninguna de las acciones a las que se comprometió el gobierno para garantizar la seguridad territorial de unos 12.000 indígenas ha sido cumplida.
"Ni siquiera se han realizado los estudios registrales de las 15 fincas que fueron recuperadas por los indígenas en julio", lamentó.
Odahir además teme por la integridad personal del líder bri-bri Sergio Rojas, recluido en una cárcel sobrepoblada de la región, sin ningún trato diferenciado junto a personas vinculadas en el conflicto de tierras. (AFP)
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