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Drogadicción, explotación sexual, pérdida de identidad, mendicidad y falta de educación son algunos de los riesgos y problemáticas a los que se ven expuestos los 4.500 indígenas que habitan la ciudad.
La difícil situación fue objeto de análisis por parte de las comunidades nativas y la alcaldía de Medellín que formularon juntos los programas y proyectos del Plan Integral de Vida de los Pueblos Indígenas de Medellín.
En dos días –en el Museo Casa de la Memoria–, concertaron propuestas para tratar de resolver problemas tan profundos que los han afectado durante décadas.
A la reunión asistieron los 30 grupos étnicos inscritos en tres cabildos de la ciudad: Ingas, Quillasingas Pastos y Chibcariwac.
El 61 por ciento (2.461 indígenas) son embera, la mayoría provenientes del Chocó. Hay un 16 por ciento (720) zenúes de Antioquia y de los Ingas –Putumayo– hay un 7 por ciento, equivalente a 315 nativos.
De esa población, el 50 por ciento (2.250) no conserva su lengua nativa y el 21 por ciento (945) ya no tiene ninguna costumbre de su etnia.
De acuerdo con el último informe sobre Derechos Humanos de la Personería de Medellín, esto se debe han asimilado la cultura de la ciudad. A esto se agrega que un 10 por ciento de esta población (450) vive en inquilinatos, con malas condiciones de salubridad e higiene; cocinan debajo de los puentes y cohabitan con drogadictos, trabajadoras sexuales y habitantes de calle.
Según el mismo informe, un 37 por ciento está desempleado y el 29 por ciento, de los que realizan algún tipo de actividad laboral, lo hacen en el espacio público.
El 79 por ciento de las familias –conformados de cinco a seis– sobrevive con un ingreso mensual de un salario mínimo o menos.
“Al menos 450 niños están en estado de mendicidad, de los cuales un 54 por ciento tienen entre 1 y 5 años. Esa es la condición en la que viven los niños indígenas en la ciudad. No asisten al colegio y son llevados por sus padres a pedir en las calles”, asegura el personero delegado de Derechos Humanos, Jesús Echeverri.
Agregó que el problema principal es que no existen políticas públicas con enfoque diferencial para brindarles una atención especial.
“Es decir, atenderlos en sus dinámicas citadinas y a la vez respetar sus condiciones culturales, étnicas y diferenciales”, precisa Echeverri.
Juan Muyuy Chasoy, consejero de la comunidad Inga, reconoce las problemáticas que viven los indígenas.
“Lo que queremos es mostrar nuestras necesidades, pero también los cambios que queremos generar en la comunidad por medio de proyectos de salud, vivienda, fortalecimiento de la autoridad indígena y educación”, sostiene.
La Gobernadora del cabildo Chibcariwac, Hilda Domicó Bailarín, piensa lo mismo que Muyuy, por eso reclama atención por parte de la Alcaldía: “Queremos que nuestros proyectos sean puestos en marcha para así poder recuperar nuestra cultura y poder vivir con dignidad”. (El Tiempo.com)
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