Dudan sobre aplicación de justicia indígena

El miércoles anterior, dos abogados fueron supuestamente agredidos por un grupo de indígenas. Por ello, el jueves, la Asociación de Abogados de la Provincia de Cañar convocó a una asamblea ciudadana presidida por las autoridades de justicia, entre otros, representantes de la Corte de Justicia, Judicatura, Intendencia, Gobernación y Fiscalía.

En la reunión, afectados, ciudadanos y funcionarios expresaron que esta no sería la primera ocasión en que indígenas que pertenecen a un consorcio (que aglutina a comunidades indígenas y campesinas de Azuay, Cañar y Morona Santiago) intentan aplicar justicia indígena en temas que no serían de su competencia y que estarían fuera de su jurisdicción.

Según David Inga, uno de los dos profesionales que habría sido agredido, el miércoles a las 17:00, decenas de indígenas llegaron hasta la oficina de su colega Antonio Andrade, en el centro del cantón Cañar, y trataron de llevárselo por la fuerza. De ahí, tras defenderse, aseguró, fueron golpeados y arrastrados por varias calles.

Ciudadanos intervinieron y esto provocó un enfrentamiento a golpes. “Varias mujeres indígenas golpeaban a los que podían con chicotes”, dijo Inga.

Luego de estos incidentes, los pobladores del centro del Cañar realizaron una marcha hasta el parque Central para pedir paz. “No es la primera vez que este grupo de indígenas trata de llevarse a la gente de sus casas o trabajos”, expuso Santiago Ordóñez, presidente de la Asociación de Abogados de Cañar.

En la asamblea también se habló de que supuestos dirigentes del consorcio pedirían hasta $ 10.000 para liberar a quienes se llevan para juzgarlos.

Homero Gárate, fiscal, dijo que investiga 15 casos que vinculan a este consorcio. Según él, en ocasiones anteriores las justicias ordinaria e indígena trabajaron juntas para lograr sentencias en contra de quienes perjudicaban a la comunidad.

Por estos hechos no hubo detenidos, indicaron los testigos. Esto, según Renán Velasco, porque supuestamente no habría muchos policías para impedir mayores desmanes.

José Sarmiento, presidente del consorcio, dijo que su gremio no es responsable de lo que ocurrió el pasado miércoles. “El miércoles hubo infiltrados que actuaron para desprestigiar a nuestra organización”, dijo.

“No sabemos qué pasó, pero al parecer una señora que perdió un caso con el asesoramiento del doctor Andrade se aprovechó de la situación y fue a reclamar al profesional. Pero si alguien tiene grabaciones que prueben a los responsables, estamos dispuestos a colaborar”, expresó el dirigente. (El Universo)