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El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, ordenó la libertad inmediata de siete indígenas mazahuas al no acreditarse su participación en diversos delitos como narcomenudeo y uso de arma prohibida.
En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que el juez, al resolver la causa penal 25/2010, dictó sentencias absolutorias y ordenó la inmediata libertad a favor de siete personas, pertenecientes a la etnia indígena mazahua, "con base en la figura jurídica denominada duda absolutoria".
La duda absolutoria se fundamenta en el principio jurídico in dubio pro reo, que se refiere a que cuando los medios probatorios generen duda en el juzgador, deberá absolvérsele de los cargos.
El CJF explicó que la resolución del juzgador se basó en el análisis pormenorizado de los autos que integran la causa penal, "y de la cual la autoridad jurisdiccional determinó que no eran concluyentes para demostrar su plena responsabilidad".
A los acusados se les atribuye su presunta responsabilidad en la comisión de los siguientes delitos:
Posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, y para armas de fuego en cantidades mayores a las permitidas.
Portación de arma de fuego sin licencia
Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,
Delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de clorhidrato de cocaína con fines de comercio.
De acuerdo al parte informativo de los agentes de la Policía Federal, "los acusados fueron detenidos en la autopista Valle de Bravo-Toluca, a la altura del poblado San Antonio de la Laguna, municipio de Donato de Guerra, Estado de México, en respuesta a una denuncia anónima que advertía que dichas personas presuntamente portaban armas y droga".
Fueron detenidos e ingresados a los Centros Federales de Readaptación Social de Nayarit y de Villa Aldama, en Veracruz.
Sin embargo, el juez determinó que "el Ministerio Público de la Federación no aportó mayores pruebas para robustecer la acusación", mientras que la defensa de los detenidos "aportó diversas pruebas, entre ellas una treintena de testigos vecinos de la comunidad de San Antonio de la Laguna…pertenecientes también a la etnia indígena mazahua, que declararon que los acusados fueron sacados de sus domicilios y que realizaron diversos destrozos en las viviendas, así como diversas fotografías de los daños causados a las viviendas con motivo de la detención".
La autoridad jurisdiccional consideró que existían medios de convicción que incriminaban…"lo que lo condujo a dudar razonablemente respecto de los hechos atribuidos y la participación plena de los sentenciados, al no estar plenamente acreditado que los acusados hayan intervenido en la comisión de los delitos que se les imputan, en las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se les acusó", expuso el CJF. (Noticieros Televisa)
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