Defensor pide mantener la imputabilidad desde 16 años

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expuso nueve razones por las que la intención en la Asamblea Legislativa Plurinacional de disminuir la edad de imputabilidad “es un atentado a los derechos humanos de las y los adolescentes, además de ser regresiva, ya que la tendencia de los países es ampliarla, y deshonesta, porque responde al problema de la violencia social atacando a una población vulnerable”.

Villena indicó que no existe un estudio conocido ni datos suficientes que justifiquen esta decisión, más allá del presunto incremento de casos de delitos que involucran a adolescentes y del número de pandillas que existen en el país, “pero en ningún momento se ha demostrado que estas situaciones alcanzan la gravedad que se les quiere atribuir ni que sean una causa del incremento de la violencia”.

Según dijo, el aumento del delito entre adolescentes se debe a múltiples factores como la pobreza, la disgregación familiar, la pérdida de valores, la falta de oportunidades, la discriminación, el alcoholismo, el narcotráfico, el incumplimiento de la ley, la ausencia de políticas públicas efectivas, entre otros. “Disminuir la imputabilidad a los adolescentes en conflicto con la ley no afecta a ninguna de estas causas y, en muchos casos, es posible que las agrave”, remarcó.

El proyecto de Ley del Código Niña Niño Adolescente, explicó, vulnera el principio constitucional establecido en el artículo 60 de la Carta Magna que indica que siempre ha de buscarse el interés superior del niño, niña y adolescente, y en este caso, “se está privilegiando la preocupación del Estado por la seguridad ciudadana y ante su incapacidad para enfrentarla, simplemente se obvia este mandato”.   

“Ninguna instancia debate sobre disminuir la edad para que los adolescentes puedan ser elegidos y elegir, ejercer cargos públicos, celebrar contratos privados, contraer matrimonio, viajar, etc., pero sí decidimos sobre disminuir la edad para que puedan ser privados de su libertad y para que puedan trabajar”, cuestionó la autoridad.

En relación a los instrumentos internacionales, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre este tema,  ha expresado que "se estima que los niños menores de 18 años, pero mayores de 12 ó 14 años, "no deberían ser considerados penalmente imputables, pero sí penalmente responsables", tomando en consideración que, en virtud de su condición de niño, es una persona inimputable que "ha tenido obstáculos para participar igualitariamente en la sociedad y para satisfacer sus necesidades".  

Además según un estudio de la OEA, “a excepción de Bolivia, países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, han fijado la inimputabilidad en 18 años; y, han creado sistemas especializados para el tratamiento de la determinación de la existencia de una infracción a la ley penal y la participación de un adolescente en la misma.

De acuerdo al análisis de la Defensoría del Pueblo, el proyecto de nuevo Código genera indefensión y vulnerabilidad en los adolescentes acusados que incluso pueden ser sometidos a detención preventiva, ser declarados en rebeldía, publicados sus datos, perseguidos por la Policía y negadas medidas cautelares cuando, por ejemplo “cuenten con imputación o sentencia por otro delito; puedan destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba o pertenezcan a alguna organización criminal o delictuosa”. 

“Tan sólo imaginemos a un adolescente de 14 ó 15 años que, según la norma, “es una persona en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social”, sometido a este tipo de acciones aplicables por igual a criminales avezados o adultos reincidentes”, señaló Villena.

Finalmente indicó que el actual Código Niña, Niño y Adolescente ya prevé el principio de la responsabilidad social que se aplica a los adolescentes comprendidos entre los 12 y los 16 años que hayan cometido delitos, siendo pasibles a medidas socio-educativas especiales.  Además  advirtió que “al decidir que una forma de combatir la delincuencia es disminuir la edad de imputabilidad, se genera la asociación de la criminalidad con los adolescentes, lo que puede constituirse en un peligroso motivo de discriminación generalizada y legalizada por el propio Estado, que afectaría especialmente a los menores pobres, indígenas, que viven en áreas periurbanas o que conforman "tribus urbanas" que, por nuestra visión sesgada y segregacionista como sociedad adultocentrista, suelen ser víctimas de la desconfianza y el recelo”.

El Defensor volvió a pedir a los legisladores que se modifique este principio y demandó que “salvemos un Código Niña, Niño y Adolescente que tiene muchas cosas buenas y es ampliamente garantista respecto a la educación, la salud, la violencia, pero que solo por la decisión de disminuir la edad de imputabilidad puede convertirse en un instrumento jurídico que vulnere los derechos del esta población”.