Defensoría detecta anomalías en locales comerciales

La verificación de 17 agencias de empleo de la sede de Gobierno, efectuada por la Representación Defensorial de La Paz, identificó irregularidades en el funcionamiento de actividades de oferta y requerimiento de trabajo, lo que sospecha que podría estar vinculada a la trata y tráfico de personas.

“Las agencias de empleos podrían ser utilizadas por las redes de tratantes de personas, como instancias para la captación de víctimas, siendo que no existe una regulación para esta actividad económica”, manifestó la Representante de la Defensoría del Pueblo de La Paz, Teófila Guarachi.

En las visitas encontraron que las actividades comerciales no cuentan con licencias de funcionamiento bajo características de “comerciales”, “bienes raíces”, “servicios” o “actividad económica” y menos como agencias de empleo. Además, que no cuentan con registros de los solicitantes de empleadas y/o empleados y colocan como única referencia un número de celular de las o los ofertantes.

Algo que llama la atención, dijo Guarachi, es el requerimiento de adolescentes para actividades económicas en las provincias, el interior del país y hasta en el extranjero, donde no contempla un nombre sino que provienen de personas anónimas. 

“Ante los resultados de las verificaciones, la Defensoría exigirá a las entidades reguladoras, como el Ministerio de Trabajo, el control y regulación de estas entidades de servicio económico”, manifestó Guarachi.

La agencias ubicadas en Garita de Lima, calle Nataniel Aguirre; Gran Poder, avenida Buenos Aires; Calle 18 de Achumani; Calle 21 de Calacoto; calle Pasoskanki esquina Brasil y calle Villalobos; en Miraflores, en la calle Casimiro Corrales esquina Luis Fuentes del barrio Santa Bárbara; en la calle Figueroa esquina Graneros de la zona San Sebastián; en Los Pinos y en Villa Copacabana, se realizaron las constataciones.

La Representación Defensorial realizó las verificaciones en el marco de la Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas que establece que “quién promueva, induzca, favorezca y/o facilite por cualquier medio el ingreso o salida ilegal de una persona del departamento o municipio a otro de cual dicha persona no sea residente permanente, mediante engaño, violencia, amenaza con el fin de obtener directamente o indirectamente beneficio económico para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad”.