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La ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, plantearon este lunes que el magistrado del Tribunal Agroambiental, Ricardo Soto Butrón, denunciado por violencia a tres mujeres, pida licencia para esclarecer su caso.
“Considero que por ética y transparencia el magistrado (Soto), por lo menos, debería solicitar una licencia hasta que este caso sea ventilado (en las instancias correspondientes)”, señaló Ayllón.
Las magistradas Deysi Villagómez y Gabriela Cinthia Armijo Paz, además de la secretaria de la Sala Plena Rosario Balanza Lora denunciaron a Soto por delitos de agresión física, psicológica, hostigamiento laboral y discriminación.
Herrera manifestó su preocupación porque algunos funcionarios siendo autoridades son denunciados por violencia a las mujeres que genera mayor vulnerabilidad a los derechos humanos; por tanto, pidió que el caso sea esclarecido.
“Mínimamente esta persona, efectivamente, debería de apartarse para dejar el trámite abierto a la posibilidad de que se inicien (las) investigaciones de este caso y de proteger los derechos de las personas”, sostuvo Herrera.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, en su cuenta de Twitter dijo que el “señor Soto, si hay una denuncia, hay que procesarla como ¡la ley manda! (La) ley, ley y Ley (348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia).... Un pueblo de ley es tarea de tod@s”.
La activista de derechos humanos argumentó que este de hechos que quedan sin esclarecerse son referencias nefastas para el sistema judicial porque dañan la credibilidad de la institución a la que pertenecen.
“No es posible, primero haya agredido a una y luego a dos más y no se haga nada (…) No podemos tolerar que hayan conductas repetitivas, que se haga abuso de poder y que las víctimas sean mujeres”, dijo Ayllón.
Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer, indicó que la posesión de la organización es pedir siempre se esclarezcan los hechos de violencia a las mujeres en las instancias correspondientes y que no exista impunidad, menos los operadores de la justicia.
La activista de las Mujeres Creando, María Galindo, manifestó que en el país “campea la impunidad” porque los hombres que ostentan el poder en los órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo son más inmunes; por tanto, planteó acudir a la sanción social.
“Siendo magistradas no hallan justicia, pero imagínese a mujer de a píe que sufre cualquier acto de violencia (…) Colectivamente, nosotras hemos apelado al escándalo público (…) porque dentro del poder se los protege y socapa”, sostuvo.
Datos
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados recibió la denuncia de Villagómez el 19 de junio de 2012 y en 16 de agosto de 2013 resolvió remitir el caso al Ministerio Público por la presunta comisión de delitos de lesiones graves y leves, discriminación, calumnia, atentados contra la libertad de trabajo “por no ser delitos cometidos en el ejercicio específico de sus funciones” respaldándose en el artículo 22 de la Ley 044 para el Juzgamiento de Altas Autoridades.
Armijo presentó la denuncia por delitos de discriminación, maltrato físico y psicológico, además de violencia física, el 5 de marzo de 2013, a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, pero que hasta ahora se desconoce la resolución legislativa al respecto.
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