Ministerio Público perseguirá violencia sexual en colegios

La Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Educación suscribieron este miércoles un convenio interinstitucional para prevenir violencia sexual y acelerar procesos de los casos de niños, niñas, adolescentes y mujeres cuyos agresores sean miembros del sistema educativo.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, indicó que este convenio se constituye en un acto histórico de algunas situaciones dramáticas y duras de enfrentar como es la violencia sexual al interior del Sistema Educativo Plurinacional.

“Este convenio hará realidad el hecho de que la sociedad y el Estado,  mediante sus instituciones, no dejen que se constituyan en elementos normales ciertas situaciones lamentables en la historia del Ministerio Público y de la educación como son los casos dramáticos, asesinatos, violaciones”, precisó.

Agregó que es la  primera vez que se establece un mecanismo de  coordinación directa para hacer prevención, seguimiento e identificación, además de una  acción directa contra la violencia sexual que afecta a la sociedad.

Por su parte, el fiscal General, Ramiro Guerrero, destacó la suscripción del acuerdo e indicó que esto permitirá coordinar acciones conjuntas  y articular mecanismos de  protección y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas, adolescentes y mujeres en el sistema educativo boliviano.

“Hoy reflejamos en este convenio la efectivización y aplicación del Plan Estratégico para la Prevención Contra la Violencia y los Delitos contra la Libertad Sexual con Enfoque de Derechos Humanos y Genero que tiene el objetivo de fortalecer las capacidades para promover el respeto y la defensa de los derechos de la mujer, niña, niño y adolescente hacia la prevención de los delitos contra la libertad sexual con enfoque de derechos humanos”, precisó el Fiscal General.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público, indicó que esto implica el desarrollo curricular, la elaboración y validación de materiales  dirigidos a estudiantes y docentes de la educación formal, secundaria y alternativa.

El acuerdo establece también una efectiva y oportuna investigación de hechos delictivos,  en el marco de la Ley N° 263 y Ley N°348 y para ello, se conformará un equipo técnico que hará seguimiento de los casos denunciados.

Este convenio estipula dos obligaciones específicas para las partes firmantes, que son: aplicar e implementar el “Plan estratégico de prevención de los delitos contra la libertad sexual con enfoque de derechos humanos y género”.

Asimismo, se trabajará en la  identificación de las víctimas para desarrollar en los y las directores y directoras, profesores y profesoras, capacidades orientadas a identificar posibles víctimas de violencia y el seguimiento de casos para establecer estructuras nacionales, departamentales y municipales de acuerdo a necesidades identificadas.

Este convenio tendrá una  vigencia de  dos años, computables a partir de la fecha de su suscripción, pudiendo ser renovado luego de la verificación del cumplimiento del objeto del convenio y ampliarse por un plazo similar al presente, con la suscripción de un nuevo documento  análogo.