PGE habla con Quiborax para reducir la indemnización

El Procurador General del Estado Pablo Menacho informó este domingo que junto con al Ministerio de Minería iniciaron conversaciones con la empresa chilena Quiborax,  para ver la posibilidad de reducir la indemnización de 46.8 millones de dólares fijados en laudo arbitral por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que atiende el caso desde el 2005.

Menacho dijo que  hay un precedente por el caso de la Empresa Eléctrica Guaracachi S.A, donde la firma británica Rurelec pedía 142,3 millones de dólares  de indemnización, pero con las negociaciones acabaron pagando 31.534.613 dólares por la nacionalización del 50 % de acciones que poseía en la empresa boliviana.

“Estamos en conversaciones con esta empresa (Quiborax)  y seguramente vamos a poder informarles al respecto en los próximos días”, manifestó el Procurador. Señaló que todos los Estados tienen el derecho a nacionalizar sus propios recursos naturales, tal como dice la Carta de Naciones Unidas,   pero cumpliendo el debido proceso.

Sin embargo ratificó que en el caso de Quiborax, hay responsabilidad en el expresidente Carlos Mesa, porque no cumplió el artículo 3 de una Ley 2564 de 9 de diciembre de 2003, que ordenaba realizar auditorías, aunque el Procurador cree que lo mejor era nacionalizar, en vez de revocar la licencia para explotar ulexita en parte del Salar de Uyuni.

Esa ley ampliaba el perímetro de la reserva fiscal en el Salar pero a la vez mandaba al Poder Ejecutivo a realizar en un plazo de 60 días seis auditorías (técnica, ecológica y medioambiental, socio-laboral, financiera-tributaria, regalitaria y jurídica) y luego recién declarar la nulidad de los derechos concesionarios que sean pasibles a sanciones por leyes nacionales.

Trece días antes que se cumpla ese plazo, el expresidente Mesa promulga el Decreto Supremo 27326 delegando responsables de cada una de las auditorías que el final no se cumplieron, y debido a la presión de Potosí, Mesa emitió  el decreto revocando  la concesión, pese a que un informe técnico entregado al entonces del canciller Ignacio Siles, advierte que el decreto 589 no se ajustaba a la norma jurídica.

Indicó que Mesa tuvo un año para entrar en conversaciones e intentar resolver la controversia con la empresa afectada, desde junio de 2004 hasta 2005, cuando presenta renuncia al mando de la nación, pero no lo hizo.

Precisó que el incumplimiento de la ley y la emisión del Decreto Supremo 589 sirvieron de base para la demanda internacional contra el Estado boliviano que fue resuelta a favor de la empresa chilena luego de 13 años de controversia.