Andinacep en emergencia; Ministro promete reunión

La Asociación Nacional de Institutos Privados (Andinacep) se ha declarado en situación de emergencia debido a últimas directivas aprobadas por las autoridades en las que se intenta escolarizar el sistema de educación superior, desconociendo la realidad diversa de estas instituciones.

Su directorio, entrevistado por Erbol, señaló que hace tres años que vienen esperando una reglamentación de su actividad por parte del Ministerio de Educación, y que por este vacío legal proliferan las directivas que aplican cobros excesivos e imponen calendarios irreales a los institutos.

Elizabeth Aranda, miembro del directorio de Andinacep, informó que existen 720 institutos en todo el país, aunque solo 200 de ellos han logrado ratificar la resolución ministerial que los ampara. La demora en los trámites, atribuible a la lentitud del aparato estatal, es una de las razones de esta especie de “semi legalidad”.

La ola de protestas de los institutos fue despertada por la resolución 001-2014 en la que se quiere imponer un calendario de actividades a un múltiple y variado universo de entidades educativas, que muchas veces tienen que funcionar los doce meses del año, sin recesos, para adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Al mismo tiempo se han establecido montos excesivos para los trámites que se realizan ante las direcciones departamentales de educación. En general, los costos son a veces cuatro veces más altos para los institutos privados que para los estatales o de convenio, lo que a juicio de Andinacep es un acto de discriminación.

Por su parte, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, manifestó que la reglamentación sobre el funcionamiento de los institutos técnicos privados está siendo ajustado, y adelantó que se ha convocado al sector para dar solución al conflicto. “Vamos a modificar la forma administrativa del manejo para hacerla mucho más ágil. Hasta la próxima semana va ser convocada a la reunión la Asociación de Institutos Privados”, prometió la máxima autoridad educativa.

Elizabeth Aranda añadió que a pesar de que los institutos son parte del sistema de educación superior, reciben ahora un tratamiento similar al de los colegios secundarios. Por ejemplo, se les exigen cosas que las universidades no tienen que cumplir. No pueden aceptar temporalmente a alumnos que no tengan aún tramitado su título de bachiller, ni pueden hacer cobros más allá de las diez mensualidades, pero sobre todo, pese a que la ley “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” ya tiene tres años de vigencia, han pasado 4 viceministros y 5 directores, no se ha redactado el reglamento que debe normar la actividad de los institutos. Aranda recordó además que el viceministro de Educación Superior ha anunciado una auditoría a los institutos, medida que no ha sido consultada con los posibles afectados, que necesitan discutir la metodología de esta acción con las autoridades.

Por su parte, Gilberto Goitia, otro miembro del directorio de Andinacep, agregó que las sanciones pecuniarias de las que son objeto los institutos, se han convertido en una verdadera amenaza para su existencia. Es así que “por cualquier infracción, nos van a cobrar el 10% de nuestro ingreso mensual, pero si se reincide, ya es el 20% del ingreso anual, con lo cual estaríamos cancelando más que lo que pagamos a Impuestos internos”, explicó.

Luis Zurita, representante en Andinacep del departamento de Oruro, dijo que los institutos congregan a un millón de personas, entre docentes y alumnos, y Eliodoro Nina, otro de los integrantes del directorio, agregó que muchos institutos prácticamente han congelado sus tarifas por más de cinco años a pesar de que han tenido que pagar el doble aguinaldo.