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Human Rights Foundation (HRF) condena las más de doscientas muertes a manos de agentes del Estado y miembros de grupos irregulares afines al régimen autoritario del presidente Daniel Ortega en Nicaragua.
También se une a múltiples pedidos de cese de la violencia de parte del gobierno contra los ciudadanos que protestan. Las protestas se iniciaron el 18 de abril luego de que el régimen anunció y aprobó de manera ilegal un incremento en las cargas sociales a los trabajadores y empleadores.
La represión violenta de las protestas se inició inmediatamente y motivó a los ciudadanos a exigir la renuncia del presidente y una reforma electoral que permita una transición a la democracia, seriamente erosionada bajo el régimen reeleccionista y autoritario del presidente Ortega.
“Las ‘muestras de buena voluntad’ del régimen nepotista y despótico de Ortega para acabar con esta grave crisis no son más que una cortina de humo. La violencia y los asesinatos no han cesado y no cesaron ni antes ni durante ni después del establecimiento de ‘mesas de diálogo”, dijo Centa B. Rek, asociada legal internacional de HRF.
“Es más, la violencia y crueldad con las que opera este gobierno han escalado con ejecuciones extrajudiciales como medio de intimidación. Está claro que a Daniel Ortega y a su entorno no les interesa el pueblo nicaragüense, si no perpetuarse en el poder”, precisó Rek.
En contacto con HRF, una fuente en Nicaragua que solicitó el anonimato por temor a represalias, indicó que la sociedad nicaragüense está muy preocupada por la implementación y proliferación de ataques selectivos contra civiles, que manifestó “no son más que una estrategia del gobierno para desalentar la protesta”. La misma fuente resaltó la importancia del comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicado esta semana, en el cual se reconoció de manera expresa la existencia de “violencia estatal” en Nicaragua.
De acuerdo con el informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al menos 212 personas han perdido la vida como producto de la “acción represiva del Estado” hasta mediados de junio. Según otro informe elaborado por la ANPDH, la cifra alcanzaría a 309 con la inclusión de personas desaparecidas y fallecidas hasta principios de julio. Las cifras de fallecidos, heridos, detenidos y desaparecidos son provisionales puesto que los hechos de violencia no han cesado hasta la fecha.
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