Señalan 3 faltas disciplinarias en algunos jueces de La Paz

(Claudia Soruco)

La justicia es un tema pendiente de solución en Bolivia y lo afirman autoridades, servidores, pero fundamentalmente la ciudadanía que día a día sufre con las deficiencias de este sistema, desde los recursos humanos hasta la disposición de equipamiento e infraestructura. Y una de estas problemáticas ya recurrentes va ligada a las faltas disciplinarias que los jueces comenten en las áreas urbanas, pero en  mayor grado en áreas rurales alejadas.

Estas faltas, como lo manifiesta Williams Dávila, Responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, son las denominadas como leves, graves y gravísimas. “Y las más comunes y frecuentes en las que incurren los jueces son las suspensiones para realizar audiencias, maltrato a los litigantes y dictar las resoluciones fuera de los plazos que establece la ley”.

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. 

La Ley 025 del Órgano Judicial, vigente desde el 2010, establece en su artículo 185 que las faltas disciplinarias gravísimas son causales de destitución y estas incluyen a  la “asistencia a la fuente laboral en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas”.

Dávila puntualizó que en lo que respecta a este tipo de faltas, “se han registrado muchos casos en diferentes sectores de jueces que asistían en estado de ebriedad, por lo que se hizo la suspensión tras intervenir esos juzgados”.

En lo que respecta al 2017, hasta el mes de octubre, al menos 134 funcionarios judiciales, entre jueces y vocales en el país, fueron procesados y destituidos, mientras que 900 recibieron sanciones por incurrir en faltas disciplinarias.

Si bien, explicó Dávila, no existen cifras exactas de jueces suspendidos y procesados en La Paz, son muchos de los 190 distribuidos en el departamento que cometen irregularidades con consecuencias de suspensiones temporales e incluso destituciones definitivas.

“Hay que entender que la ley es para todos y debe cumplirse en la ciudad y provincia. Seguramente existen muchos casos de faltas e inasistencia de jueces  en provincias y quizás se deba a la distancia de estos sectores”, dijo Enrique Morales, ex juez de instrucción en lo penal cautelar de La Paz, que además trabajó en áreas como Achacachi y Coro Coro.

Enrique Morales, ex juez de instrucción en lo penal cautelar de La Paz

Arbitrariedades en el área rural

Los jueces destinados a las áreas rurales son los más propensos a cometer diferentes faltas disciplinarias. Son decenas las denuncias que llegan de litigantes en juzgados provinciales. La situación preocupa, porque los entrevistados aseguraron que éstas regiones registran altos índices de homicidios, feminicidios y violaciones a menores de edad.

“Tenemos muchas quejas de las provincias de que los jueces no asisten.  Estas denuncias y casos están en pleno trámite.  Los jueces disciplinarios deben cumplir con su trabajo ante esto. Porque es incomprensible que estos jueces se hagan destinar a estos sectores y al final no van y reciben su salario de manera normal”, agrega Dávila.

Sin condiciones ni garantías

Para el abogado constitucionalista, Williams Bascopé, está  problemática es parte de ese cambio estructural que urge en la justicia boliviana, pero puntualmente también se requiere dotar de condiciones y dar seguridad a los jueces que se destinan a las áreas rurales alejadas y que presentan puntos de conflicto.

“En las provincias la situación es crónica, porque solo hay uno o dos jueces que están abandonados a su suerte, porque no se les da la debida seguridad personal y salarial. No hay presencia de autoridades policiales y por eso son agredidos por la presión social”, comentó el entrevistado.

La falta de condiciones, la inseguridad, y la carga procesal, son algunas causales para que estos jueces también incurran en maltratos hacia sus litigantes y población y suspensión de procesos, siendo que las denuncias por estos hechos son permanentes.

“Hay maltrato del personal en los juzgados suspensiones de audiencias, estas últimas son faltas graves y corresponde la destitución”, manifiesta Dávila.

La Ley 025 es clara en la sanción para dichas faltas, ya que por cometer las leves, como maltrato, descuidos o atrasos, estos operadores de justicia tendrán una amonestación, por faltas graves como suspensión injustificada de audiencias, violencia, retardación en los trámites etc., se define la suspensión temporal, establecida por una comisión disciplinaria. Las faltas gravísimas como corrupción, sobornos o la asistencia a su fuente laboral en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas, ameritan la destitución.

Procesos, cambios y capacitación

Ante esta problemática, el Representante de la Magistratura de La Paz, establece que se requiere implementar nuevas políticas, reglamentos y emprender una capacitación a todos los recursos humanos en los juzgados de área urbanas y rurales.

“Vamos a tener capacitaciones. Se está cambiando primero reglamentos y posteriormente incidiremos en la capacitación de los recursos humanos de manera general”.

Abogado constitucionalista, Williams Bascopé.

En esa línea, Bascopé enfatiza de la necesidad de disponer de mayor presupuesto y calidad de funcionarios. “Se requiere que se inicie un nuevo presupuesto para el poder judicial, se cambien la designación de nuevo magistrados y se destinen jueces meritorios a las diferentes área y con un buen salario y capacitación por parte del Estado. Urge además que se multiplique la cantidad de  jueces en las área rurales”.

Ante este tipo de faltas los litigantes y población en su conjunto deben hacer conocer su denuncia ante las instancias departamentales del Consejo de la Magistratura.