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El estudio del columnista Enrique Velazco que demuestra que la entrevista oral a los postulantes a magistrados en el Legislativo sirvió para “filtrar” a los candidatos que buscaba el oficialismo, es el tiro de gracia para este proceso. Es obvia la intencionalidad del oficialismo de controlar la justicia. Era obvia también en 2011. Pero el cuadro mencionado que demuestra cómo, a candidatos que obtuvieron bajas notas en la fase de “méritos”, luego les pusieron altas calificaciones para que destacaran y fueran elegidos, es la prueba que desenmascara esta farsa.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, quiso desmerecer el estudio señalando que se habían confundido porcentajes con puntos del examen. Ello es falso. Todas las notas fueron convertidas a porcentaje. La intención de Montaño es obvia, causar confusión a toda costa en vez de enfrentar el tema de fondo, la manipulación del oficialismo con tal de tener magistrados bajo su control.
Ante la conciencia de que todo el proceso fue una falacia (hasta el diputado Borda, del MAS, admitió que el oficialismo “rellenó” las listas de candidatos), las elecciones judiciales serán una prueba colosal para el régimen. Tendrá que esforzarse al máximo en movilizar a sus sectores más fieles y, por otro lado, tratar de contener de alguna manera la movilización de los sectores opositores, sobre todo urbanos. Como la indicación va a ser fácilmente entendida y se va a basar simplemente en “vote nulo”, las chances de vencer de quienes rechazan al Gobierno serán muy altas.
En sentido contrario, las posibilidades para el oficialismo de salir dañado son amplias, considerando que la idea de votar por los magistrados ya resultó pésima (no mala) hace seis años, y que quedó claro para buena parte de la población de que ese modelo no ayuda a mejorar el desempeño de la justicia. Como decimos, la forma solapada del oficialismo de conducir la selección de los candidatos en el Legislativo, terminó por restarle lo poco de legitimidad que la idea de elegir por voto a los magistrados podía tener.
Nuevamente se le entregarán al ciudadano unas papeletas que contendrán decenas de nombres sobre los cuales casi nadie ha escuchado nada y que se sometieron a un examen escrito, auspiciado por el Legislativo, que cualquier persona más o menos informada podía responder. Y aun así algunos de los candidatos se aplazaron, lo que no impidió que el oficialismo los colocara nomás como seleccionados para aparecer en la papeleta de las elecciones del 3 de diciembre. La idea es que esos futuros jueces autoricen la cuarta postulación de Evo Morales, que sería la segunda inconstitucional consecutiva del presidente.
En 2011, cuando un sector de la población todavía dudaba sobre la validez de la idea de ir a votar por los jueces, un 60% de los electores sufragó blanco o nulo. Solo el 40% respaldó a alguno de los candidatos. Hoy, seis años después, cuando se sabe que el mecanismo es inadecuado y cuando existe la certeza de que el Legislativo amañó las cosas para favorecer a sus más fieles candidatos, digamos a sus “tezanos pinto”, se puede prever que el grado de repudio será aún mayor. Saber exactamente cuánto mayor será ese rechazo y en qué regiones y municipios se dará el fracaso oficialista más evidente, servirá como una radiografía extraordinaria para conocer el estado de ánimo del país. Mi cálculo es que será 70-30 a favor de la oposición, o más. En fútbol sería una victoria de 3-1.
No deja de ser difícil entender por qué el Gobierno se mete nuevamente en este lío. Pudo haber ratificado a los mansos jueces actuales para que le autorizaran su cuarta postulación. Su error de cálculo se convertirá en un antecedente interesantísimo para las elecciones presidenciales de 2019.
Raúl Peñaranda U. es periodista. / Twitter: RaulPenaranda1
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