CUANDO EL PODER AMENAZA

"El abogado León se está jugando la vida en este proceso y me temo que termine como una ovejita”, advirtió el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a Eduardo León, ex defensor de Gabriela Zapata.

Y es que a partir de la amenaza lanzada por uno de los hombres más poderosos del gobierno, la situación del jurista fue tornándose en una pesadilla.

Desde hace seis meses, León permanece detenido en el penal de San Pedro acusado de una retahíla de delitos entre los que se encuentran la trata de personas por la suplantación del presunto hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata, ex ejecutiva de la empresa china CAMC.

Este caso quizá evidencie una de las persecuciones políticas más flagrantes del gobierno contra un profesional del derecho, que anteriormente había atendido asuntos polémicos como el de Hanaly Huaycho y Fondioc, considerado el caso de corrupción más grande y millonario en el que se vieron involucradas altas esferas políticas y sociales del actual gobierno.

Desde entonces, León había denunciado ante los medios de comunicación que era objeto persecusión y amedrentamiento por parte de agentes de inteligencia. Pero no fue hasta que asumió la defensa de Zapata que el jurista se vio en medio de un proceso judicial escandaloso por el supuesto tráfico de influencias a favor de Zapata, ex novia y madre de un hijo del presidente que, luego se supo, nunca existió.

Y es que a causa de este proceso, al que calificó como su peor error por haber confiado en su ex defendida, León mostró públicamente el 29 de marzo una carta y mensajes de whatsapp intercambiados supuestamente entre el ministro Quintana y su ex clienta que revelaban una relación íntima, hecho que provocó la furia de la autoridad que negó cualquier vínculo con Zapata, quien, posteriormente, ante el Ministerio Público, también negó conocerlo.

Pero la suerte de León ya estaba hechada. Luego de la advertencia que le hiciera Quintana el 2 de abril, más de un mes después, el 17 de mayo, por orden de la comisión de fiscales que investiga el caso Zapata, agentes de la policía lo aprehendieron acusado de ocho presuntos delitos: alteración y sustitución de estado civil, trata y tráfico de personas, sustracción de menor, falsedad material y falsedad ideológica, además de uso de instrumento falsificado, denuncias que fueron hechas por el abogado del presidente Morales, Gastón Velásquez.

Suponiendo el argumento de la Fiscalía de que León ayudó a exhibir un niño que no era hijo de Morales, ¿no era lógico que primero sea acusado en lugar de ser detenido para que pueda asumir su defensa en libertad y no al revés? Pero los argumentos que esgrimió el Ministerio Público fueron que existían riesgos procesales de fuga y obstaculización, no obstante de haber  presentado un documento notariado que certificaba su estabilidad laboral.

Sin embargo, la pesadilla de León recién empezaba. A pesar de que la normativa establece un plazo máximo de veinticuatro horas para que un juez resuelva la situación de un aprehendido, durante más de dos semanas, estuvo arrestado en celdas judiciales, porque varios magistrados se excusaron de atender su caso y una comisión de fiscales corrigió en reiteradas ocasiones la imputación que pesa en su contra.

Luego, a pesar de que una juez dispuso su detención domiciliaria y la familia del afectado pagó una fianza de Bs. 80.000, cumpliendo, además, con el trámite de arraigo, éste no pudo salir porque la Dirección de Régimen Penitenciario no agilizó la asignación de un custodio policial.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia expresó su preocupación por cómo se desarrolló el caso. Calificando de “excesivo” y “arbitrario” el tiempo que estuvo detenido y observó varias situaciones que vulneraron su derecho al debido proceso. Recordó a los órganos encargados “cumplir rigurosamente los principios de competencia, imparcialidad e independencia de poderes”.

Entretanto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz solicitó para León medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Defensor del Pueblo, por su parte, cuestionó la actitud de los magistrados que suspendieron en reiteradas oportunidades las audiencias de medidas cautelares y de Acción de Libertad del abogado, además de la falta de pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales sobre la ilegalidad o no de la aprehensión.

Pero, aunque parezca increíble, la situación de León empeoró aún más cuando dos semanas después de su detención, el 31 de mayo y sin que exista un proceso ni sentencia penal previa, los ministerios de Educación y Justicia le anularon su título en provisión nacional y la matrícula del Registro Público de Abogacía (RPA).

Además, casi de manera paralela el Ministerio Público emitió una nueva orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Esta nueva querella fue presentada por el Ministerio de Transparencia a denuncia del Ministerio de Defensa porque supuestamente la libreta de servicio militar que usaba el abogado era falsa.

"Solo pido al pueblo boliviano que vea que no existe la democracia, que estamos en un Estado totalitario y que realmente estamos sumidos en un estado de vergüenza", se lamentó León.

Ante la ola de indignación que generó este caso, los internautas se movilizaron en las redes sociales con el hashtag #EstamosEmputados para convocar a una vigilia "por la violación de los derechos fundamentales y humanos de los bolivianos por parte del gobierno de Evo Morales".

Por otra parte, cientos de juristas de La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro salieron a las calles en apoyo a su colega rechazando su detención que transgrede la Ley de la Abogacía.

"¡Los abogados somos libres. Independencia judicial. Tiranía sí, dictadura no!" "¡No a la violación del artículo 23 de la CPE! ¡Respeto!”, “Contra el abuso y atropello” y  “Por el derecho a la legítima defensa”, fueron algunos de los estribillos que corearon los juristas.

El Colegio de Abogados de La Paz presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de Washington en el que denunció que las autoridades de Bolivia no respetaron el debido proceso al anular el título profesional de Eduardo León.

En una de sus últimas intervenciones ante los medios de comunicación, León, quien se encuentra en la sección La Posta del penal de San Pedro, denunció que existe la intención de usar chicanas legales para mantenerlo tras las rejas y acallarlo para siempre.

Toda esta relación de hechos nos pone de manifiesto que en nuestro país existe una arbitrariedad del poder que afecta indudablemente la democracia. La situación de León nos muestra hasta qué punto están deterioradas las garantías constitucionales con una justicia sometida al poder Ejecutivo.

La acumulación del poder le han permitido al gobierno intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que considera opositores.

Si un Estado no protege los derechos humanos básicos de las personas, entonces, no puede llamarse democrático.

La autora es periodista y politóloga

Twitter: @consuelo4470