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El Gobierno cree que actúa bien desarrollando su cacería de brujas contra los supuestos responsables del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes. Ya hay una docena de detenidos, algunos de los cuales eran dirigentes, por estos sucesos. Para atrapar al último de ellos, el primo de un minero que murió por disparos de bala durante las protestas de agosto, la Policía tuvo que realizar un operativo propio de épocas dictatoriales, con allanamientos en medio de la noche, heridos con balines, cortes de electricidad y señal telefónica y allanamientos sin orden judicial.
No es que quienes asesinaron a Illanes no deban ser sancionados: éste fue efectivamente torturado y muerto de una manera atroz y su crimen no tiene que quedar impune.
Pero lo que se observa es a un Gobierno que parece sediento de venganza por esa muerte y, de paso, satisfecho de haber descabezado al movimiento cooperativista, lo que logró con la detención de los dirigentes, a quienes se acusó de ser los “autores intelectuales” de la muerte del viceministro.
A propósito, habría que recordar que Evo Morales fue acusado de ser precisamente “autor intelectual” de la muerte de uniformados en el año 2000, incluidos los esposos Andrade, en circunstancias similares a la que falleció Illanes, es decir secuestrados, torturados y asesinados. Pero aún con sus similitudes existen algunas diferencias entre ambos eventos, como el hecho de que los cocaleros mataron en 2000 a cuatro personas (los mineros a uno), demoraron 45 días en entregar los cadáveres y jamás fueran acusados. La explicación es sencilla: en el año 2000 el Chapare era una zona que no estaba bajo control estatal y no había juez o fiscal, y menos policías, que pudiera hacer lo que el Gobierno ordena hoy contra los mineros. Las otras diferencias que se deben hacer notar son que mientras Illanes fue velado y enterrado como un héroe, los uniformados asesinados por cocaleros hace 16 años apenas tuvieron cristiana sepultura. Sus familiares, amedrentados, hicieron los entierros entre gallos y medianoche. Tampoco prosperó el juicio contra Morales como supuesto “autor intelectual” de los hechos.
También es sorprendente la eficiencia de la Policía para detectar a los supuestos autores de los asesinos de Illanes y la nula capacidad gubernamental para poder identificar a quienes dieron muerte, a tiros, a cuatro mineros que protestaban en las manifestaciones. Todo indica que los responsables son uniformados, según ha señalado el Defensor del Pueblo, por el calibre y tipo de balas que acabaron con la vida de los manifestantes. Pero hasta ahora no ha pasado nada. Una docena de detenidos por la muerte de Illanes, identificados gracias a borrosos videos y, como han dicho algunos detenidos, con información sacada por la fuerza de la tortura, mientras que en el lado policial no existe convocatoria ninguna para que los jefes den las listas de cuáles de sus efectivos estuvieron en los lugares donde murieron los cuatro mineros.
Paralelamente está la responsabilidad política. Se dejó ir a un desprotegido viceministro a un operativo de alto riesgo y, una vez secuestrado, no se dio la orden real de repliegue de la fuerza policial, que hubiera ayudado a salvar su vida. Esto está demostrado en que, en la tarde de ese día, es decir varias horas después de la captura de Illanes y sus suplicantes llamadas telefónicas, la Policía seguía en la zona y arremetía contra los manifestantes. En una de esas arremetidas, un cuarto minero murió con un disparo de bala, lo que enardeció los ánimos y derivó en la muerte de Illanes. No es una justificación, pero sí es una explicación de lo sucedido. Lo insólito es que esa responsabilidad política, que recae obviamente en el ministro de Gobierno, Carlos Romero, no ha generado sanción ninguna. Como se sabe, todos se aferrarán a sus cargos con uñas y dientes.
A mí me parece que la ciudadanía está perpleja ante este despliegue enorme de poder estatal, que ordena detener a supuestos sospechosos de un solo lado, y lo hace en la noche, abusando a los familiares y allanado casas. Aparte de redistribuir uno que otro meme, esa ciudadanía no puede hacer más por ahora excepto reflexionar sobre el desequilibrio del uso de la fuerza y el control del Ministerio Público, que castiga a unos y libera a otros.
La suma de los abusos, como mandar a detener a la exnovia del presidente Evo Morales y no proceder de la misma manera con sus supuestos cómplices en el Gobierno; apresar a los dirigentes involucrados en el Fondo Indígena, pero no a las altas autoridades que autorizaron el método irregular de entrega de recursos; perseguir y acosar a autoridades regionales opositoras, como a la alcaldesa Soledad Chapetón, alentando a los grupos de choque del oficialismo, etc., genera una creciente sensación de desamparo, malestar y, obviamente, temor. Esos ciudadanos esperarán con paciencia la próxima vez que puedan votar. Se puede asegurar que si en el referéndum de febrero el oficialismo obtuvo el 49% de los votos, hoy obtendría 5% menos, en cifras que seguirán cayendo con el paso de los meses y años. Es que no se apaga el fuego con más fuego.
/ Raúl Peñaranda U. es periodista.
Twitter: RaulPenaranda1
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