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La Cumbre de Justicia aprobó este sábado al cierre de dos jornadas de trabajo, la cesación de los operadores de justicia en todo el país para dar curso a la selección de un nuevo personal en base a la meritocracia y profesionalidad. También ratificó la elección de magistrados mediante voto popular.
La propuesta leída por el líder campesino, Rodolfo Machaca, surgió desde la Mesa 4 que en el inciso c) señala: “Cesar a los operadores de justicia de sus funciones”. Sin embargo no se establecen plazos ni modalidades para efectivizar el despido.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, anunció que este lunes será conformada una comisión encargada de implementar las conclusiones en el corto, mediano y largo plazo, referidas a la restructuración del Órgano Judicial.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, explicó que el trabajo de sanear a los servidores públicos, necesariamente, pasará una evaluación previa de qué jueces, vocales o personal tienen procesos pendientes, sentencias en materia penal o sanciones disciplinarias.
Dijo que el Órgano Judicial tiene cerca de 1.000 jueces y 4.000 servidores judiciales, quienes deberían ser sujeto de evaluación como parte de una reingeniería del Órgano Judicial.
Sin embargo, la Mesa 4 puso las bases de la restructuración, al pedir que se redefina “el perfil ético y moral de los operadores de justicia sobre la base meritocracia e idoneidad”.
El nuevo control a los jueces sería encomendado a una instancia superior extra Órgano Judicial, encargado de fiscalizar el trabajo de los jueces.
Al respecto Choque advirtió que las competencias ya están claramente definidas en la Constitución Política del Estado y considera que no será fácil quitarle la facultad de fiscalizar y sancionar disciplinariamente a los jueces.
“Las propuestas de cambiar las facultades va más allá de lo establecido en la Constitución”, manifestó.
Sostuvo que actualmente el Consejo de la Magistratura hace seguimiento a 5.000 y 7.000 denuncias contra los jueces y evalúa la aplicación de la ley a 700.000 procesos que se mueven en el Órgano Judicial.
Bajo el criterio de prevenir actos de corrupción, se aprobó también la vigencia del agente encubierto para espiar los actos de jueces y fiscales, así como la instalación de cámara de vigilancia en las oficinas de esos operadores de justicia, del Tribunal Constitucional y la Policía Boliviana.
El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Fidel Tordoya, destacó la decisión de respetar el derecho del ciudadano a elegir a sus magistrados y también la misión de reformar el Órgano Judicial, para evitar errores de los jueces, vocales y de los propios magistrados en la administración de justicia.
Señaló que el hecho de aprobar la creación de una Inspectoría para que controle a los nuevos jueces a nivel departamental, provincial y municipal, pasa por asignar más presupuesto y exhortó al Ministerio de Economía a no defraudar a la cumbre judicial, asignado mayores recursos financieros a fin de alcanzar las metas propuestas este sábado.
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